El pasado 18 de octubre tuvo lugar el juicio por el recurso contra una multa impuesta por el Gobierno a una persona integrante del colectivo No Somos Delito que participó en una de las manifestaciones más multitudinarias contra la Ley Mordaza, celebrada en diciembre de 2014. El Gobierno justificó la multa acusando al activista de promover una manifestación no comunicada. Esta decisión ha sido fuertemente criticada, dado que con esta interpretación de la ley el Gobierno está exigiendo que se pida autorización para poder manifestarse, lo cual choca con la jurisprudencia del TEDH.