P​arlamento europeo: garanticen el acceso al aborto legal y seguro para todas las mujeres en la UE

Con ocasión del Día Mundial de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, organizaciones europeas de la sociedad civil lanzan una petición dirigida al Parlamento Europeo para garantizar el respeto de las normas de derechos humanos en la materia.

El derecho internacional de derechos humanos reconoce que el acceso a un aborto legal y seguro es fundamental para que mujeres y niñas puedan disfrutar y ejercer plenamente sus derechos humanos, entre otros, el derecho a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a la salud y a la intimidad. Diversos organismos de las Naciones Unidas han expresado en varias ocasiones su preocupación sobre la relación entre las leyes restrictivas en materia del aborto, los abortos clandestinos e inseguros y las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna. Cuando existen leyes restrictivas, el mayor problema reside en la dificultad a la hora de acceder a un aborto incluso cuando las mujeres reúnan los requisitos legales para practicarlo. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez que un Estado ha adoptado disposiciones legales que permiten el aborto en algunas situaciones, no puede estructurar su marco jurídico de tal manera que se limiten las posibilidades reales para acceder a éste. Estos organismos también han señalado que en aquellos países donde el aborto es legal, el Estado debe asegurarse de que este esté disponible y sea accesible, aceptable y de buena calidad. Tanto el Tribunal de Derechos Humanos y los órganos de la ONU están de acuerdo en que las leyes de aborto restrictivas pueden constituir un trato inhumano y degradante.

Sin embargo, en varios países de la UE, las mujeres enfrentan o están por enfrentar importantes retos a ha hora de acceder a abortos seguros y legales según las mencionadas normas de derechos humanos. Algunos de estos países son:

España

En diciembre del 2013, el Consejo de Ministros de España aprobó un proyecto de ley "para la protección de la vida del concebido y de los derechos de las mujeres embarazadas". El proyecto de ley constituyó un paso atrás en relación con la ley actual, presentando severas restricciones en el acceso de las mujeres a servicios de aborto legal y seguro. El proyecto de ley limitaba las posibilidades para obtener abortos legales y seguros sólo a dos casos: cuando la salud física o mental de una mujer estuviese en peligro, o cuando el embarazo fuese el resultado de la violencia sexual. El proyecto de ley también introducía una serie de barreras desproporcionadas, incluyendo: un período de espera de siete días; el asesoramiento obligatorio; requisitos de autorización de terceros (para niñas menores de 18 años y para mujeres bajo tutela legal); la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia por parte de los médicos sin garantizar que las mujeres fuesen remitidas sistemáticamente a otros médicos; el requisito de obtener informes médicos de dos doctores especializados, además del doctor que llevaría a cabo el aborto, afirmando que el embarazo plantea una grave amenaza para la vida de la mujer o la salud física o mental; la falta de mecanismos eficaces para abordar y resolver los conflictos de opinión entre profesionales médicos o entre la mujer y los médicos; la prohibición de toda publicidad por parte de centros, establecimientos o servicios médicos sobre los medios, técnicas o procedimientos para interrumpir los embarazos; y en el caso de víctimas de violencia sexual, el requisito de que hubiesen denunciado la ante la policía para poder acceder a un aborto legal. Estos obstáculos habrían haber conducido a que las mujeres se viesen obligadas a abortar de forma insegura o ilegal o bien, viajar al extranjero para interrumpir sus embarazos allí.

El presidente Mariano Rajoy ha anunciado la retirada de ese proyecto de ley, pero siguen existiendo preocupaciones al haberse anunciado que se mantienen algunas reformas para asegurar que las mujeres menores de 18 años de edad requieran el consentimiento paterno para interrumpir sus embarazos. Además, todavía existe la amenaza de que se proponga una reforma legal restrictiva en el futuro, poniendo en riesgo el acceso a los servicios de aborto seguro y legal.

Lituania

El proyecto de ley sobre la protección de la vida en la fase prenatal, discutido en el Parlamento en primavera 2014, fue otro intento por parte de un Estado a regular la moral pública a expensas del derecho a privacidad, la salud y la vida de las mujeres.

El proyecto de ley permite interrumpir el embarazo en sólo dos casos: cuando el embarazo suponga una amenaza evidente para la vida de una madre, o cuando se produzca como resultado de un acto criminal, por ejemplo, una violación. En ambos casos, sin embargo, el embarazo puede ser terminado sólo cuando no hayan pasado más de 12 semanas. El proyecto de ley obliga a mujeres particularmente vulnerables - niñas y mujeres privadas de capacidad judicial – a obtener un consentimiento por escrito de un padre o un guardián. Las enmiendas al Código Penal tratan la interrupción del embarazo en el resto de los casos como un delito penado con servicio comunitario, detención o prisión. Con las enmiendas propuestas, incluso una madre que "inflige daños graves a un niño sin nacer" puede ser encarcelada hasta dos años.

En sus observaciones finales muy recientemente adoptadas sobre Lituania, el Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer instó a las autoridades a "abstenerse de adoptar leyes o enmiendas que restringen el derecho de las mujeres al acceso al aborto legal y seguro, y que en su lugar adopten leyes pendientes en materia de salud reproductiva y la reproducción asistida".

Aprovechando que el proyecto de ley aún no se ha sometido a la votación todavía, se debaten nuevas iniciativas con el objetivo de introducir un período de espera de 72 horas obligatorio antes de abortar. Un período de espera crea dificultades emocionales y financieras inhumanas para mujeres que ya han pasado suficiente tiempo sopesando una de las decisiones más difíciles que jamás tomarán.

Hungría

La Ley Fundamental que entró en vigor en el 2012 contiene una cláusula constitucional que establece que se protegerá al feto desde la concepción, lo que podría conllevar restricciones en el aborto, aunque todavía no se ha modificado la ley que permite el aborto hasta la duodécima semana de embarazo. Además, el gobierno, utilizando canales legales e ilegales, intentó socavar el derecho de autodeterminación de las mujeres. Entre estos intentos se incluyen: una campaña engañosa sobre el aborto financiada con fondos de la UE que utilizaba vallas publicitarias para mostrar a un feto vivo y desarrollado a fin de disuadir los abortos, violando las normas del programa de financiación; ofrecer asesoramiento humillante y disuasivo a las mujeres; alentar a las mujeres a mantener el embarazo secreto y ofrecer al bebe en adopción - en casos en los cuales madres adolescentes optan por dar a luz en "secreto" y luego dejar al niño en adopción, no están obligadas a notificar a sus padres, mientras que un aborto requeriría que la mujer embarazada notificase a sus padres-; la prohibición, sin argumentos científicos, de la píldora abortiva, obligando a las pacientes que se lo puedan permitir a acudir a Austria.

Estas medidas han sido criticadas por la ONU. El Comité para la Eliminación de la Discriminación investigó a Hungría en febrero del 2013, mostrando sus preocupaciones con respecto al derecho a la autodeterminación de la mujer. Instó a Hungría a facilitar el acceso de todas las mujeres al aborto sin asesoramiento obligatorio, una obligación poco razonable. El Comité destacó la necesidad de que el Estado no intervenga en derecho de la mujer para reproducir y de poner fin a la campaña que estigmatiza a aborto. Además, el Comité también destacó la importancia de hacer que los anticonceptivos estén disponibles.

Irlanda

La legislación irlandesa sobre el aborto podría estar entre las más restrictivas en la UE. Una mujer puede interrumpir su embarazo solamente en el caso de un "riesgo real y sustantivo" a su vida. De lo contrario, la sección 22 de ley para la protección de la vida durante el embarazo castiga el aborto con hasta 14 años de prisión, incluidos los casos de violación, incesto, anormalidad fetal fatal y graves riesgos para la salud de la madre. Por otro lado, la ley no define qué es lo que constituye un "riesgo real y sustantivo" a la vida de la madre embarazada. Las mujeres suicidas están sujetas a un grado excesivo de escrutinio por parte de profesionales médicos, conllevando una mayor angustia. Sólo las mujeres que pueden permitirse el viaje pueden abortar en el extranjero, lo que conlleva discriminación en cuanto al impacto de la ley. Además, la ley impone sanciones penales para los médicos que deriven a las mujeres a los servicios de aborto en el extranjero. El Comité de derechos humanos de la ONU expresó su preocupación por esta situación en sus observaciones finales sobre Irlanda adoptadas en julio de 2014, haciéndole un llamamiento al Estado a, entre otras cosas, "revisar su legislación sobre el aborto, incluyendo su Constitución, para prever excepciones adicionales en casos de violación, incesto, serios riesgos para la salud de la madre, o anormalidad fatal del feto" y facilitar "más información sobre las opciones disponibles casos de crisis de embarazo a través de una multitud de canales y asegurar que los proveedores de salud que proporcionen información sobre servicios de aborto seguros en el extranjero no estén sujetos a sanciones penales ".

Italia

El aborto en Italia se rige por la Ley 194 de 1978, que permite a mujeres interrumpir su embarazo en una centro público durante los primeros 90 días de gestación y durante el cuarto y quinto mes por razones de salud. Sin embargo, hay preocupación por la elevada tasa de objeción de conciencia: casi siete de cada diez ginecólogos pertenecientes al servicio de salud pública ahora optan por no realizar este procedimiento. Por lo tanto, las mujeres que están legalmente autorizadas a terminar su embarazo pueden verse obligadas a trasladarse a otro centro de salud, en otra región de Italia o en el extranjero, o para interrumpir su embarazo sin el apoyo y el control de las autoridades sanitarias competentes, o incluso pueden ser disuadidas de acudir a centros donde legalmente tienen el derecho a recibir servicios. De hecho, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha expresado su preocupación en relación con esta tasa tan alta. En una decisión del 2013, este organismo estableció que esta situación es discriminatoria y viola el derecho a la salud.

Rumania

Aunque el aborto es actualmente legal en Rumania en ciertas circunstancias, en los últimos años ha habido repetidos intentos de imponer limitaciones excesivas en el acceso a abortos a expensas de los derechos de las mujeres. En 2012 hubo un proyecto de ley que pretendía hacer obligatorio que las mujeres que quieren abortar asistan primero a una sesión de "asesoramiento". Durante esta sesión, la mujer habría tenido que ver videos e imágenes mostrando que el aborto es una terminación de la vida, después de lo cual habrían tenido que esperar cinco días antes de poder acceder a un aborto finalmente. El proyecto de ley, que no fue aprobado a pesar de tener un fuerte apoyo, intentaba disuadir a mujeres de abortar mostrándoles imágenes traumatizadoras e introduciendo una serie de obstáculos

Queremos asegurarnos de que en el futuro, los derechos de las mujeres no se vean nuevamente amenazados por iniciativas similares.

Polonia

La ley implementada en 1993 en Polonia sobre planificación familiar, protección de embriones y condiciones para la interrupción del embarazo legal está entre las leyes de aborto más restrictivas de Europa. Las mujeres que quieren abortar por motivos de salud están obligadas a obtener un certificado de un médico especializado en el campo de medicina apropiado, o, en el caso de anomalías fetales, de un médico especializado en defectos genéticos; en casos de violación o incesto, se necesita un certificado de un fiscal. También hay un período de espera obligatorio de tres días y asesoramiento obligatorio. Las mujeres mayores de 13 años tienen que presentar una solicitud por escrito para practicar un aborto, y las menores de edad requieren autorización escrita de su guardián legal o un permiso del Tribunal si se deniega la autorización. Hay una elevada pasa de objeción de conciencia de médicos y hospitales y el sistema privado es muy costoso. Desde el 2008, existe la posibilidad de apelar la opinión de un médico, pero el procedimiento es largo y engorroso, casi imposibilitando un aborto en estos casos. Todos estos obstáculos y barreras hacen el acceso de las mujeres a los servicios de aborto legal muy difícil o incluso imposible en la práctica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en tres casos que el marco legal y la práctica violan sus obligaciones bajo la Convención.

La cláusula de conciencia es abusada por los médicos. A veces hay hospitales enteros que se apoyan en la cláusula de conciencia para negar abortos legales en sus instituciones. Todavía hay una carencia de mecanismos eficaces para la revisión de las decisiones de los médicos. El actual Reglamento de la Ley de derechos de los pacientes presentado a raíz de la sentencia de Tysiąc v. Polonia no contemplan medidas eficaces para impugnar la decisión de un médico ante una junta médica. La ejecución de esta sentencia está todavía sujeta a la supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Grecia

Las condiciones para el aborto en Grecia se rigen por el Código Penal, en el cual se manifiesta la desaprobación moral de la acción. La disposición 304 del Código Penal describe cuatro circunstancias en las cuales el aborto es legal: en todos los casos antes de la duodécima semana del embarazo; antes de las 19 semanas, si el embarazo es producto de un delito (violación, etc.); antes de las 24 semanas si las pruebas de detección prenatal arrojan indicaciones de problemas graves de salud en el bebé; y en cualquier momento durante el embarazo si hay una amenaza seria para la vida de la madre o su salud mental.

En Grecia los problemas están más relacionados con el acceso a los anticonceptivos y la educación sexual, especialmente para adolescentes. El Comité de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres expresó en el 2013 su preocupación por "lo poco que se usan métodos de anticoncepción, y la mala calidad de estos, lo cual desemboca en la necesidad de recurrir a un aborto por parte de mujeres como método de planificación familiar," instando a Grecia a "mejorar y aumentar el acceso, así como el uso de métodos anticonceptivos". Por otro lado, el Comité de la ONU sobre los derechos del niño observó "con preocupación el conocimiento limitado entre los adolescentes sobre salud reproductiva," instando al Estado a "aumentar la disponibilidad de los servicios de salud confidenciales y destinados a jóvenes en todo el país, mejorar la disponibilidad de servicios anticonceptivos y promover la educación sexual dirigida a adolescentes".

Bulgaria

En Bulgaria, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la duodécima semana de embarazo. Entre las semanas 12 y 20, el aborto está permitido sólo en el caso de las mujeres que sufren de un enfermedad documentada que podría poner en peligro su salud, su vida o la viabilidad del feto. A partir de ahí, el aborto sólo está permitido si la vida de la mujer está en peligro o si se constata un severo deterioro fetal. Al igual que en Grecia, los temas de preocupación en Bulgaria se relacionan con la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a anticonceptivos asequibles. La salud pública en Bulgaria no cubre ningún método de anticoncepción, ni aborto a menos que se realiza por razones médicas. El acceso al aborto legal está restringido por la ley, la cual requiere autorización por escrito de los padres de las niñas menores de 18 años y de guardianes legales para mujeres bajo tutela legal. La interrupción del embarazo por razones médicas tiene que ser autorizada por una comisión médica especial. En el 2012, el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas instó al Estado a "garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean efectivamente accesibles para adolescentes, y que todas las mujeres y niñas embarazadas tengan acceso a atención médica especializada". También en el 2012, el Comité de la ONU sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer exhortó a Bulgaria a "intensificar sus esfuerzos para promover sistemáticamente la educación sobre los derechos de salud sexual y reproductiva dirigidos a adolescentes, incluyendo las escuelas de formación profesional, prestando especial atención a la prevención del embarazo precoz, y proporcionar servicios de planificación familiar adecuada y anticonceptivos asequibles". El Comité de la ONU sobre los derechos del niño emitió recomendaciones similares en 2008 en el marco de sus conclusiones sobre la situación búlgara.

Conclusión

Prohibir el aborto o obstacuizarlo hasta el punto de convertir el acceso a este servicio en imposible en la práctica, incluso cuando es legal, sólo sirve para dificultar la vida de las mujeres en situaciones ya complejas de por sí y poner sus vidas en riesgo. Poner a una mujer contra la pared no va a resolver su caso ya de por sí complicado, sino que conllevará riesgos en su salud y su vida o la obligará a huir a un país más civilizado donde pueda practicar el aborto. Si te preocupan las vidas de las mujeres de la misma manera que las de los niños y niñas, solicítale al Parlamento Europeo que adopte medidas para garantizar que los Estados miembros respetan las normas de los derechos humanos, facilitando y garantizando el acceso a los servicios de aborto legal y seguro para todas las mujeres. Cada país de la UE debe facilitar el acceso a anticonceptivos asequibles y servicios de apoyo para las mujeres en todos los Estados miembros, y cuando el aborto es la opción elegida por una mujer, los países deben asegurar que ella tenga acceso oportuno y eficaz a la interrupción del embarazo en un ambiente seguro y profesional y sin prejuicios y barreras injustificadas.

Esta campaña es una iniciativa de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Rights International Spain, Hungarian Civil Liberties Union, Italian Coalition for Civil and Political Rights (CILD), Human Rights Monitoring Institute (Lituania), Polish Helsinki Foundation for Human Rights, Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH), Hellenic League for Human Rights, Greek Helsinki Monitor, y Bulgarian Helsinki Committee.