El polarizado debate sobre la industria del sexo divide a Europa. Un grupo de feministas radicales y sus aliados sostienen que la prostitución es una forma de explotación sexual en sí, que las prostitutas son víctimas de la violencia, y que sus clientes son explotadores que deben ser castigados. A menudo ponen de manifiesto el modelo sueco – criminalizar a los clientes - como la mejor práctica a seguir por otros países; y, en efecto, el modelo sueco está ganando popularidad entre algunos políticos, tanto conservadores como liberales.

Un segundo grupo de feministas y sus aliados, muchas de ellas trabajadoras del sexo en sí, definen el trabajo sexual como un intercambio consensuado de servicios sexuales entre dos adultos de compensación material, un negocio muy diferente de la trata de personas (un delito que ya está cubierto por los convenios internacionales). Este segundo grupo dice que las trabajadoras sexuales no son víctimas que necesitan ser rescatadas, y que las leyes que criminalizan la demanda o la oferta de trabajo sexual tienen el efecto de afectar de manera negativa precisamente a esas personas que se supone serán protegidas. Por lo tanto rechazan el modelo sueco, prefiriendo la legislación aprobada en Nueva Zelandia en el 2003, que despenaliza la demanda y la oferta del trabajo sexual.

Un equipo de realizadores de Drugreporter viajó a Auckland, Nueva Zelanda el pasado marzo para asistir a una conferencia. Mientras estábamos allí, visitamos la sede del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, una organización que apoya los derechos de las trabajadoras del sexo y las educa sobre cómo minimizar los riesgos de su trabajo. Por favor ¡mira nuestro video y aprende cómo las más afectadas – las mismas trabajadoras sexuales– perciben el impacto de la ley de 2003 sobre la industria del sexo! Creemos que otros países pueden aprender de sus experiencias.

Texto: Péter Sárosi

Video: István Gábor Takács y Péter Sárosi