El municipio de Gianturco, Italia, ha desalojado a 1300 romanís a la fuerza de un campamento, y aunque asegura que se financiará la vivienda de algunas familias y la construcción de un nuevo campamento para albergar a unas 200 personas, admite que la mayoría de los desalojados no tendrá dónde ir. Además, el nuevo campamento plantea el grave riesgo de fomentar la segregación racial, lo que supone una clara violación de la legislación nacional e internacional. Esta decisión ha sido condenada por ONG locales, incluida Amnistía Internacional, que ha iniciado una petición para detener el desalojo.