El ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, que también es el fiscal general, ha emitido una declaración sobre una sentencia del Tribunal Regional de Łódż contra un impresor, ordenándole a pagar una compensación de 50 euros. El impresor declaró que por motivos ideológicos no quería hacer negocio con una fundación que trabaja por los derechos LGTBI. Según la declaración del ministro, la sentencia "plantea un precedente peligroso" que "destruye la libertad de pensamiento, opinión y creencias". Su punto de vista ha sido criticado por HFHR y otros como un intento de presionar al tribunal.