El Tribunal Constitucional ha declarado que las tasas judiciales que se imponían a PyMES cada vez que querían iniciar un procedimiento civil o administrativo. En su opinión, estas tasas son "desproporcionadas" y la financiación de los juzgados y tribunales "no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes". Desde Rights International Spain se ha trabajado muy intensamente contra esta medida, mediante varias acciones dirigidas al Ministerio de Justicia y a través de sus campañas #SinJusticia y #DíseloAEuropa.