La declaración interpretativa puede parecer una concesión insignificante, pues no es jurídicamente vinculante. Pero es probable que anule el mecanismo de condicionalidad en la práctica. Y además, no es necesario para desbloquear el presupuesto.
¿Por qué se oponen el Fidesz y el PiS a la condicionalidad del Estado de derecho, y puede la UE aprobar su presupuesto y los planes de recuperación sin ellos?
La Comisión Europea ha publicado su primer informe sobre el Estado de derecho en la UE. Liberties aplaude la noticia pero advierte que estos informes no deben ser únicamente un ejercicio de cumplir con un requisito.
Nuestra experta de incidencia, Linda Ravo, explica qué cuestiones cree que debería abordar la Presidenta de la Comisión Europea en su discurso sobre el Estado de la Unión Europea (SOTEU) de este año para fortalecer la democracia.
La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos ha publicado un informe sobre los casos de violación del Estado de derecho presentados contra Polonia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El TJUE ha dictaminado contra la ley Orban de 2017, cuyo objetivo era privar a los húngaros de su democracia desacreditando y quitándoles la financiación a los activistas de derechos humanos. El caso nos ofrece 3 claves para proteger la democracia.
En un dictamen presentado al Senado, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos ha señalado que la ley electoral especial aprobada por la Cámara Baja (el Sejm) contiene medidas que socavan la igualdad de las elecciones y la seguridad jurídica.
Una iniciativa de la Liga Belga de Derechos Humanos ha unido a más de 300 figuras públicas en una carta abierta al Parlamento y los líderes políticos para expresar su preocupación por la implementación de un sistema de rastreo de COVID-19
Algunos políticos difunden odio para distraernos de su mala gestión de COVID-19, con la esperanza de que nos entretengamos culpando a las minorías y no exijamos la atención médica y medidas sociales que deberían garantizarnos.
La violación de la legalidad en los procesos de nombramiento del poder judicial, especialmente cuando implican la complicidad del poder ejecutivo y legislativo, suponen una amenaza evidente para los derechos humanos y para el sistema legal polaco.
