Dos abogados han ganado un caso contra el Estado húngaro acerca de la legislación sobre vigilancia secreta.
El gobierno húngaro debe obtener ahora órdenes judiciales para sus actividades de vigilancia.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede ser interesante para el resto de Europa.
La denuncia fue presentada por el director general de HCLU y uno de sus abogados y cuestionaba si era suficiente el permiso de un miembro del gobierno -un ministro- para autorizar la vigilancia secreta por motivos de seguridad nacional, o es necesario tener un control independiente -idealmente judicial- para las actividades de vigilancia.
Mecanismo de control
Como posibles objetos de vigilancia, los denunciantes, han declarado que sus derechos a la privacidad se violan en el momento en que la intercepción no va acompañada de un mecanismo de control que sea independiente del gobierno y de las agencias dedicadas a la vigilancia.
Esto es especialmente cierto porque, dada la naturaleza de este tipo de vigilancia, las personas afectadas no suelen ser conscientes de que están siendo vigiladas, y por lo tanto no pueden hacer valer sus derechos que les protegen de esas actividades.
La misma legislación fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional húngaro en 2013, pero ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado que es incompatible con el Convenio de Derechos Humanos.
En lugar de una recogida de datos masiva e indiscriminada, a partir de ahora la sentencia del tribunal obliga a las autoridades húngaras a recoger datos con una orden judicial y caso por caso.
Una sentencia para el resto de Europa
La sentencia ha adquirido todavía más importancia porque la decisión no ha estado influenciada por la amenaza terrorista en Europa, lo que refuerza el concepto de que las sentencias judiciales deben marcar los patrones de comportamiento gubernamental, con limitadas excepciones en circunstancias extraordinarias.
La sentencia de Estrasburgo, que obliga al parlamento húngaro a reformar su legislación sobre vigilancia por motivos de seguridad nacional, puede también afectar a prácticas similares en otros países europeos.
