El asunto más urgente es la cuestión de los niños migrantes, quienes, a diferencia de sus padres trabajadores, siguen dependiendo de seguros privados. El problema es que estos no cubren las facturas médicas más altas. La prueba trágica de este agujero legal la representa el caso de Katareeya, una niña de 14 años, hija de padres australianos contratados por la Academia checa de ciencias, que murió en octubre del año pasado, porque su tratamiento, a pesar de la colecta organizada, no pudo pagarse.

En la República checa, los migrantes disfrutan de un seguro médico público solo si tienen un permiso de residencia permanente o un empleo, y si su empleador reside en la República checa. El sistema público es el mismo para científicos extranjeros que tengan un empleo a largo plazo en el país, solicitantes de asilo y algunos niños de menos de dos meses. No tienen derecho al mismo los empresarios, las esposas y los hijos de migrantes. Estos tienen que acudir a los seguros comerciales.

Esto, según el Ministerio de Sanidad, no es suficiente y debe ser modificado. No se debe permitir a las aseguradoras privadas que nieguen la asistencia a un extranjero, y han de ser obligadas a proporcionar la misma atención que cubre el seguro público. Según el recurso, no es posible proporcionarles un seguro público, puesto que ello supuestamente conduciría a la desestabilización financiera del sistema; su obligación respecto al Estado también es necesaria, así como sus contribuciones a largo plazo. Hay también preocupación por el turismo médico y por el aumento de las enfermedades de los migrantes.

La oposición a una mera modificación del seguro comercial ha sido impulsada por un consorcio de ONGs que trabajan con migrantes. Están a favor de la inclusión de los migrantes en el seguro médico público. La inclusión de estos grupos de extranjeros excluidos no traería consigo un aumento de los costes, sino que, como señalan numerosos expertos, resultaría beneficioso para el sistema. La mayoría de los extranjeros excluidos del seguro son de hecho personas jóvenes en edad productiva con necesidades y costes sanitarios por debajo de la media.

El Consejo de ministros tuvo sobre la mesa una propuesta de modificación de la ley redactada por el Ministerio de sanidad por primera vez en septiembre, y volvió a tenerla a mediados de noviembre, pero la rechazó debido a su deficiente calidad. A día de hoy la situación alarmante sigue sin resolver.