El 10 de diciembre, los migrantes fueron desalojados del centro Baobab, una antigua fábrica de penicilina en Roma. La operación policial se llevó a cabo a primera hora de la mañana y 36 personas fueron trasladadas a la comisaría de policía (Questura) para ser sometidos a procedimientos de identificación.

La enorme fábrica de penicilina de Roma abrió sus puertas en 1950, y hasta hace poco, había sido ocupada por más de 600 personas, tanto italianas como extranjeras. La mayoría de ellas sabía con anterioridad que se iba a producir el desalojo y ya se habían mudado a otro edificio unos días antes de la operación.

Salir del gueto

Antes de que la policía desmantelara este lugar que había servido de refugio, se organizó una conferencia de prensa en la antigua fábrica. En ella, los ocupantes pidieron ayuda a la sociedad: "Estamos obligados a quedarnos aquí, vivimos como animales en un edificio en ruinas. La basura, incluidos residuos tóxicos, está por todas partes y la mitad de la estructura se está cayendo. No somos delincuentes, somos pobres, y tenemos que quedarnos aquí porque aún no hay otras alternativas disponibles".

El portavoz señaló asimismo: "No queremos un desalojo, sino una evacuación que incluya soluciones alternativas de alojamiento. El edificio debe ser limpiado, restaurado y devuelto a las personas: debe ser un espacio público abierto a todos, incluidos niños y niñas y personas con diversidad funcional. Si no hay alternativas tras el desalojo, formaremos una cadena humana alrededor del edificio".

Muchas ONG han trabajado incansablemente para ayudar a los ocupantes del edificio, proporcionándoles asistencia médica, psicológica y jurídica. Además, estas asociaciones han publicado recientemente el informe “Uscire dal Ghetto” [Salir del gueto] que destaca las malas condiciones de vida de las personas que ocupaban el edificio y cómo terminaron viviendo allí.

De los migrantes que ocupaban la antigua fábrica, casi 100 llegaron tras otro desalojo cerca de la misma. A muchos de los extranjeros que utilizaban el edificio como refugio no se les habían concedido permisos de residencia debido a la negativa de los departamentos de policía a analizar sus solicitudes. A la mayoría de los solicitantes les obligaban a certificar su lugar de residencia, mientras que una declaración de domicilio debería ser suficiente.

Productos químicos y amianto por todas partes

La preocupación principal respecto al futuro de la antigua fábrica tiene que ver en realidad con los peligros mediambientales latentes y subestimados derivados de los productos químicos que contaminan el lugar.

Andrea Turchi, profesor y químico jubilado que ha realizado inspecciones in situ, señala: "Lo más terrible aquí es que el amianto, que se utilizaba para aislar las tuberías de la fábrica, está en todas partes. No hay ventanas, y el amianto se propaga libremente en el aire y en los pulmones, no solo de los ocupantes del edificio, sino también de las personas que viven en el barrio. Además, las cajas de medicamentos cubren el suelo de botellas de ácido sulfúrico y amonio. Esto no es aceptable: representa un peligro grave".

El imponente edificio, que se encuentra en los suburbios de la ciudad, lleva mucho tiempo siendo una fuente de preocupación para los vecinos del barrio, que llevan tiempo demandando que se le dé un nuevo uso en lugar de demolerlo. Lo que parece una propuesta sensata, pues la fábrica se encuentra en un barrio donde existe una crisis de vivienda que afecta especialmente a las personas cuyo nivel de vida está por debajo de la media.

La mayor parte de la fábrica pertenece a la empresa ISF, de la cual se espera que presente en breve un proyecto de saneamiento para la recalificación de la estructura.