La Coalición Italiana por los Derechos Civiles y las Libertades (CILD), Privacy International y el Centro Hermes por la Transparencia y los Derechos Humanos Digitales escribieron al Ministerio de Desarrollo Económico (MISE, por sus siglas en italiano) exigiendo garantías e intervención urgentes después de enterarse de que se había permitido a una empresa de seguridad exportar un sistema de vigilancia por internet a un oscuro organismo gubernamental en Egipto.

La empresa de seguridad es Area SpA, investigada por las fuerzas del orden italianas por haber ayudado al gobierno sirio a llevar a cabo un ambicioso proyecto de vigilancia para mantener bajo control la infraestructura comunicativa nacional.

Amenazas para la sociedad civil egipcia

En los últimos meses, ha habido una restricción cada vez mayor del disenso legítimo, la libertad de expresión y la capacidad general de los defensores de derechos humanos para actuar en Egipto. Diferentes organismos independientes expertos en derechos humanos de las Naciones Unidos (el enviado especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, asamblea pacífica y asociación, defensores de derechos humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, entre otros) han expresado serias preocupaciones por el deterioro de los derechos humanos en el país.

El 10 de marzo de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía "la suspensión de cualquier forma de cooperación sobre la seguridad con las autoridades egipcias", considerando el contexto reciente de violaciones de derechos humanos, entre ellas, torturas, muertes en la cárcel y desapariciones forzosas en todo el país, mientras que el Consejo de la UE declaró en 2013 que "los Estados miembros han acordado asimismo suspender las licencias de exportación a Egipto de cualquier bien que pudiera ser utilizado para la represión interna".

En junio de 2016, un informe publicado en La Stampa declaraba que Area SpA había obtenido una licencia de exportación de las autoridades aduaneras italianas para exportar equipos de vigilancia de internet al Departamento de Investigación Tecnológica (TRD, por sus siglas en inglés) de Egipto. Tal y como relataba La Stampa, el sistema de vigilancia inicialmente había sido un encargo de Alkan Communication and Information Technology, una empresa con sede en el Cairo que hace de intermediaria con el TRD, una sección del aparato de inteligencia egipcio.

El sistema de vigilancia exportado puede recoger, almacenar y analizar informaciones para un gran número de personas, con frecuencia sin tener en cuenta si existe o no algún procedimiento legal contra ellas. En los países con un estado de derecho débil y bajo el control de un gobierno autoritario, estos sistemas violan el derecho a la privacidad y representan una gran amenaza a la privacidad y a otros derechos humanos.

Nuestras peticiones

En nuestra carta, enviada al MISE así como a los comités y parlamentarios interesados, sostenemos que la exportación de un sistema de vigilancia de las comunicaciones al TRD representa un riesgo evidente para los derechos humanos.

PI, CILD y la rama italiana de Transparency International se dirigieron al MISE ya en julio de 2015, después de que se descubriera que otra empresa de seguridad italiana, Hacking Team, estaba exportando software de hacking en todo el mundo, incluidos numerosos países autoritarios con denuncias de graves violaciones de derechos humanos. En la carta, pedíamos aclaraciones urgentes sobre cómo se estaba regulando la exportación de sistemas de Hacking Team y si se estaba prestando suficiente atención a las obligaciones en relación con los derechos humanos.

Desde que las disposiciones internacionales recogidas en el Acuerdo Wassenaar entraron en vigor en Italia, en enero de 2015, se le ha pedido al MISE regular el software de Hacking Team, pero la sociedad ha obtenido una licencia general de exportación que le permite exportar a todo el mundo presentando simplemente informes periódicos y respetando algunos requisitos de supervisión.

Consideradas las informaciones disponibles sobre el uso de los sistemas de vigilancia de redes de comunicación IP para la violación de derechos humanos y dado el deterioro de los derechos humanos en Egipto, pedimos a las autoridades que ofrezcan urgentemente garantías, aclarando si aceptan el rigor de los informes detallados sobre la situación de los derechos humanos en Egipto y si efectúan suficientes controles antes de conceder licencias. PI y CILD han solicitado a las autoridades que revoquen la licencia, dado el riesgo que supone para los derechos humanos.

La respuesta del Ministerio

El Ministerio del Desarrollo Económico ha contestado con prontitud a nuestra carta con una nota oficial en la que declara que se ha reconsiderado la autorización y, a partir de esta reconsideración, se ha cancelado. Además, ha especificado que en la próxima reunión de la comisión consultiva se revocará la autorización de forma definitiva.

Valoramos el esfuerzo del Ministerio y seguiremos muy atentos al caso, para verificar cómo se desarrollan los próximos acontecimientos.