La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos ha pedido al Ministro de Justicia que inicie una acción legislativa sobre la inconstitucionalidad de algunas de las normativas de la Ley de protección de víctimas y testigos.

Denunciar un delito puede suponer el aislamiento

La familia Kowalski* tenía una empresa de consultoría que colaboraba con empresas del este. En una de los servicios que realizaron para una de estas empresas, se dieron cuenta que la empresa en cuestión parecía estar lavando dinero. Después de informar del posible delito, la familia Kowalski comenzó a recibir amenazas y su casa fue incendiada.

La policía decidió trasladar a la familia a una casa de seguridad en otra ciudad. Como resultado, la familia ha estado viviendo en aislamiento durante 8 meses, tienen prohibido trabajar, estudiar o ponerse en contacto con el mundo exterior. Seguramente debido a sus quejas por el estilo de vida que se les impuso, la policía decidió dejar de aplicar las medidas de protección por su propia cuenta, sin que mediara ningún recurso legal.

Absurdo legal

La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) destacó en su comunicado al Ministro de Justicia que la Ley de protección de víctimas y testigos no les proporciona garantías suficientes de protección legal. Además, se les niega el derecho a recurrir en los tribunales de manera efectiva cuando no se les concede protección u otro tipo de ayud (por ejemplo económica).

En su lugar, para que su caso sea reconsiderado, las víctimas y testigos únicamente pueden recurrir al mismo órgano que dictó la resolución negativa y solo si hay nuevas circunstancias en el caso.

"Es completamente diferente a la Ley de testigos clave, que da derecho de soclicitar protección al fiscal", dice Marcin Wolny, abogado de HFHR. "Esto significa que los testigos clave, que por lo general son delincuentes arrepentidos, tienen más derechos que las víctimas y los testigos normales."

Margen estrecho

El problema de la Ley de protección de víctimas y testigos es el estrecho margen de medidas de protección que están disponibles para aquellos que estén protegidos por la policía. No pueden cambiar su identidad, ni pueden someterse a cirugía plástica. Al contrario de lo permitido por la Ley de testigos clave. Además, el apoyo económico que reciben las personas bajo la Ley de protección de víctimas y testigos es arbitraria y depende únicamente de la buena voluntad del jefe de la policía que esté llevando el caso.

"Además, ni las víctimas ni los testigos disponen de ninguna medida legal si no están de acuerdo con el método de protección", dice Marcin Wolny.

*el nombre se ha cambiado para la noticia.