Los dos proyectos de ley pretenden "desplegar una política más coherente, transparente y eficaz sobre suspensión y retorno. La serie de modificaciones introducidas con los proyectos de ley debería permitir aplicar más fácil y rápidamente medidas adecuadas en situaciones de riesgo para el orden público o la seguridad nacional, a la par que se respetan los derechos fundamentales de las personas afectadas". Los proyectos de ley también pondrán en marcha nuevas vías para retirar permisos de residencia y reducirán las garantías en relación con la detención y la expulsión.

Falso pretexto

Sin embargo, de acuerdo con la ONG CIRÉ (Coordinación e Iniciativas para Refugiados y Extranjeros) y la Liga Belga de Derechos Humanos, estas medidas no son muy transparentes y vulneran los derechos de los extranjeros. Estamos de acuerdo en que es necesario luchar contra el terrorismo y la delincuencia, pero este no es el objetivo de los proyectos de ley.

De hecho, los proyectos de ley pretenden, una vez más, poner a los extranjeros bajo la sospecha generalizada y restringir sus derechos fundamentales, permitiendo que las autoridades apliquen medidas excepcionales con mayor facilidad.

Bajo el pretexto de querer garantizar "el orden público y la seguridad nacional", los proyectos de ley ofrecen la posibilidad de retirar el permiso de residencia de extranjeros (incluidos aquellos con nacionalidad europea) que pueden haber pasado toda su vida en Bélgica, deportándoles a su país de origen y negándoles la entrada en nuestro territorio, aunque nunca hayan sido condenados por un juzgado de lo penal. En determinadas situaciones, los proyectos de ley llegan a estipular que no rija la suspensión de condena en los casos en los que se recurre la decisión de expulsión.

Criminalizar a los extranjeros

Las medidas estipuladas por estos dos proyectos de ley son discriminatorias y constituyen una vulneración flagrante de la libertad, principalmente porque no establecen con precisión qué es un "peligro para el orden público o la seguridad nacional". Por lo tanto, el poder de valoración que se le concede al ministro de la Oficina de Extranjería es enorme.

Además, existe un riesgo elevado de arbitrariedad: ¿qué criterios se utilizarán para definir lo que constituye un peligro para el orden público o para la seguridad nacional? ¿Qué se considerará un "fraude"? ¿Qué significan los "indicadores" de peligro?

Hay muy pocos casos de extranjeros que lleven a cabo actos terroristas o acciones indebidas realmente graves. Bajo el pretexto de querer deportar a la gente con más facilidad, el gobierno está poniendo en marcha medidas más represivas que afectarán negativamente a todos los extranjeros.

Estas medidas están en auge y siempre llegan acompañadas de un discurso que criminaliza a los extranjeros, combinando reiteradamente términos como "extranjeros", "ilegales", "delincuentes" y, en ocasiones, "terroristas".

Al votar a favor de estos proyectos de ley, el gobierno da luz verde a la incertidumbre legal con respecto al derecho de residencia y a las expulsiones. Una vez más, el gobierno restringe las garantías legales de los derechos de los refugiados (ya de por sí escasas), lo cual vulnera claramente las libertades individuales.