FNV anunció el 17 de julio de 2018 que se unía al Proyecto sobre Litigios de Interés Público (PILP) del Comité neerlandés de Juristas por los Derechos Humanos, junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, contra el SyRI, el sistema de elaboración de perfiles de riesgo del gobierno de Países Bajos.

El SyRI se utiliza bajo la responsabilidad del ministro de asuntos sociales y empleo con la intención de impedir el fraude fiscal, laboral y a la seguridad social.

Con este propósito, se cruzan y analizan grandes cantidades de datos personales de diferentes bases de datos del gobierno.

Esto lleva a elaborar perfiles de riesgo de cientos de miles de ciudadanos y, en algunos casos, al denominado informe de riesgo: un informe que reporta el aumento del riesgo de incurrir en una conducta ilegal o de no cumplir la legislación laboral.

Esto se realiza sin ningún tipo de transparencia sobre los datos empleados, los análisis que se llevan a cabo y qué es lo que convierte a un ciudadano en concreto en un riesgo.

Un asunto turbio y preocupante

La Vice-Presidenta de FNV, Kitty Jong, alertó sobre la falta de transparencia que sigue rodeando el modo en que se usa SyRI.

"SyRI puede cruzar entre sí todo tipo de bases de datos del gobierno y utiliza datos personales que los ciudadanos han facilitado por motivos completamente diferentes: esto ha sido así desde 2008", sostuvo Jong. "Pero se sigue manteniendo en secreto cómo funciona el sistema y sobre quiénes se elaboran los perfiles, lo que convierte todo el asunto en algo turbio y preocupante y una gran vulneración de la privacidad de los ciudadanos. Tanto el Consejo de Estado como la Dirección de Protección de Datos neerlandesa han expresado sus críticas al SyRI, pero al gobierno no parece importarle".

Esta creciente vigilancia a través de un mecanismo tan turbio quiebra la confianza de los ciudadanos en el gobierno y merma su voluntad de facilitar información.

Por este motivo, el SyRI constituye una gran amenaza al Estado de derecho.

"El Estado nunca ha podido demostrar la necesidad de utilizar el SyRI", afirmó Jong. "Los ciudadanos no reciben ninguna información sobre cómo se procesan los datos y, por lo tanto, no pueden hacer críticas".

Desconfianza por defecto

Tampoco existe ninguna supervisión independiente del sistema. La investigación demuestra que muchos de los proyectos del SyRI llevados a cabo hasta la fecha iban dirigidos a perceptores de prestaciones sociales.

Por ejemplo, en 2013, se cruzaron los datos de 119.000 solicitantes de prestaciones en un proyecto del SyRI.

"Nuestro sindicato lleva mucho tiempo preocupado por el trato que se da a las personas que perciben prestaciones", declaró Jong. "Muchas personas que solicitan prestaciones nos cuentan que se les trata como a delincuentes. Se investiga y se hacen cribas en barrios enteros. El gobierno tiene un poder ilimitado para recabar y almacenar todos los datos disponibles de un ciudadano, sin que haya ningún motivo para ello. Se desconfía del ciudadano por defecto".