Las manifestantes, vestidas de negro salieron a la calle el 3 de octubre bajo el lema "Protesta de luto" y el hastag #czarnyprotest [protesta de luto].

Siguiendo el ejemplo de las mujeres islandesas en 1970, el 3 de octubre las mujeres polacas hicieron huelga como advertencia contra el nuevo proyecto de ley sobre aborto. Muchas mujeres se negaron a ir a trabajar y se unieron a alguna de las numerosas protestas que hubo en todo el país.

La acción, llamada "Lunes negro" se hizo viral- miles de internautas publicaron fotos de sí mismos vestidos de negro bajo el hashtag #czarnyprotest.

Proyectos de ley rivales

En agosto, la coalición ciudadana "Stop Aborto" presentó un proyecto de ley al parlamento para cambiar las disposiciones que permiten el aborto e introducir la prohibición total. El proyecto de ley lo han apoyado más de 450.000 personas. A la vez, la coalición ciudadana "Salvemos a las mujeres" presentó un proyecto de ley para liberalizar las disposiciones sobre aborto.

Bajo la ley actual, el aborto solo está permitido en tres circunstancias: si el feto tiene una malformación severa; si el embarazo supone un riesgo grave para la salud o la vida de la madre; y si el embarazo es el resultado de un delito (violación o sexo con un menor de edad).

Durante su reunión de mediados de septiembre, el Parlamento decidió rechazar el proyecto de ley de liberalización del acceso al aborto pero sin embargo seguir trabajando sobre el proyecto de ley que introduce la prohibición total de la interrupción del embarazo.

Los fiscales ejercerán un poder importante

Bajo este proyecto de ley la interrupción del embarazo será ilegal y puede ser castigada con penas de cárcel de hasta cinco años. Solo si la interrupción es el resultado de una intervención médica para salvar la vida de la madre, no será penalizada. Sin embargo, esto tendrá que ser verificado por un fiscal. Es decir, que la decisión quedará en manos de un fiscal, que tendrá que decidir caso por caso si se llevó a cabo un tratamiento médico adecuado y si la razón de salvar la vida de la madre era verídica.

Asímismo, si la interrupción del embarazo es el resultado de un acto involuntario de la madre, tampoco será castigada. Pero una vez más, la decisión de si los actos fueron intencionados o no la tomará un fiscal.

La Helsinki Foundation for Human Rights ha presentado un dictamen jurídico en el que señalan que la criminalización de una acción involuntaria que resulte en la muerte de un feto podría disuadir a los médicos de pedir pruebas de diagnóstico prenatal y dar lugar a la reticencia de las madres a someterse a tratamiento médico (más información aquí).

El parlamento continuará trabajando sobre el borrador en octubre.