La protección de la privacidad queda fuera de la propuesta de ley de vigilancia británica

Seguimiento, hacking ilegal y protección de boquilla: este es el análisis que ha hecho Liberty del proyecto de Ley de poderes de investigación del gobierno del Reino Unido.

El proyecto de ley contiene nuevas prerogativas ampliadas para rastrear y hackear - pero pocas garantías de privacidad.

Liberty lanza el plan de ocho puntos Safe and Sound para una Gran Bretaña segura y respetuosa de la privacidad.

El gobierno del Reino Unido anunció recientemente el proyecto de Ley de poderes de investigación, que concede amplias prerogativas a los organismos públicos para realizar seguimientos y hackear las comunicaciones de los ciudadanos británicos - mientras que no incluye las garantías más básicas de privacidad.

¿Una vigilancia normal en el resto del mundo?

El proyecto de ley representa una oportunidad única para esta generación de que los parlamentarios introduzcan una legislación sobre la vigilancia que garantice la seguridad de los ciudadanos británicos en la era digital, al mismo tiempo que protege su privacidad y seguridad en Internet.

Sin embargo - a pesar de que el gobierno afirma que contiene "una supervisión normal en el resto del mundo" - el proyecto de ley hecho público por el Ministro del Interior británico propone nuevos poderes de vigilancia sin precedentes e innecesarios, mientras que carece de las garantías fundamentales de respeto de la privacidad.

  • A pesar del creciente consenso entre los expertos y los diputados de distintos partidos, el proyecto de ley no dispone el previo de la aprobación judicial sustantiva de las órdenes de vigilancia. En su lugar, propone una forma muy limitada de control judicial que - en la práctica - no d más que un sello puesto a ciegas.
  • El proyecto de ley propone un nuevo poder de retención generalizada de "registros de conexión a Internet", que abarca desde la apertura de aplicaciones a la subida de fotos a iCloud y a los sitios web que se visitan. La información que esto puede revelar es muy intrusiva y, por tal motivo, la retención sin sospechas de los registros de conexiones a Internet no está permitido en ningún otro país de la UE o de la Commonwealth, ni e democracias comparables como los EE.UU. y Canadá. Australia acaba de prohibirlo por ley.
  • El proyecto trata de legalizar el poder de introducirse en nuestros dispositivos y redes, extendiendo esos poderes a todas las fuerzas policiales, e impone nuevas obligaciones de ayuda a los proveedores de servicios de comunicación en las operaciones de hacking. El hacking es la forma más intrusiva de vigilancia imaginable. Se puede hacer un daño ilimitado a la seguridad de los dispositivos y las redes y hacer que las personas sean vulnerables al abuso por parte de terceros y de redes criminales.
  • Lejos de intentar crear un sistema más específico y eficaz, el proyecto de ley da base legal a los amplios poderes de vigilancia de masas revelados por Edward Snowden, incluyendo la interceptación masiva, la adquisición masiva de datos de comunicación, el hacking masivo y la retención de bases de datos sobre grandes sectores de la población. (Liberty está denunciando la vigilancia masiva y especulativa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.)

"Un ataque espantoso a la seguridad"

"Después de toda el discurso sobre retrocesos y garantías, este proyecto de ley tan esperado constituye un ataque impresionante a la seguridad en Internet de cada hombre, mujer y persona menor en nuestro país", dijo Shami Chakrabarti, director de Liberty. "Ahora tenemos que poner nuestros ojos en el Parlamento para que intervenga donde los ministros han fracasado y consiga un mejor equilibrio entre la privacidad y la vigilancia."

Proteger la seguridad, defender la privacidad

Liberty ha publicado un plan de ocho puntos que detalla las protecciones claras que garantizan una vigilancia necesaria, proporcionada y responsable y defiende la privacidad, y exhortará a los parlamentarios a que ejerzan presión para su inclusión en el proyecto de ley. Son las siguientes:

  1. Autorización judicial previa de todas las solicitudes de vigilancia;
  2. Ninguna facultad indiscriminada que obligue a las empresas de comunicaciones a almacenar más datos personales;
  3. Vigilancia llevada a cabo por motivos bien definidos, como la investigación de delitos graves y la prevención de la pérdida de la vida, con solicitudes y órdenes judiciales dirigidas a personas a partir de la sospecha de actividad criminal;
  4. Mejora de la compensación y aumento de la transparencia para las personas que han estado sometidas a vigilancia ilegal o que ya no están bajo sospecha;
  5. Utilización de las pruebas de intercepción en los tribunales para llevar a los responsables ante la justicia;
  6. Los acuerdos de intercambio de datos entre el Reino Unido y otros países han de ser públicos y figurar en la ley;
  7. La protección legislativa contra la ruptura de los estándares de encriptación de nuestro país;
  8. Reconocimiento de la amenaza extrema que supone el hacking para la seguridad de los cuidadanos británicos.