"Liberación es el remedio cuando no se pueden satisfacer las normas mínimas de otras maneras", dijo el experto Mads Andenas, y quien está al frente del grupo de trabajo, al final de una visita de tres días a Italia para dar seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas después de la visita del 2008 por el Grupo de trabajo de derechos humanos.

El grupo de trabajo acogió con satisfacción las recientes reformas reduciendo la longitud de sentencias, el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y el uso de la prisión preventiva. Según el artículo 8 del Decreto 92/2014, la prisión preventiva no puede ser aplicada en casos donde el juez considera que el acusado, si se le encuentra culpable, sea condenado a tres años o menos o dado una sentencia suspendida. "Esto reduciría el uso inadecuado de la prisión preventiva como pena", señaló el Sr. Andenas.

Persistió la preocupación, sin embargo, en relación al alto número de detenidos antes del juicio, y hay una necesidad de controlar y remediar la aplicación desproporcionada de la cárcel preventiva en casos relacionados con extranjeros y romaníes, incluidos menores de edad.

El grupo de trabajo dio la bienvenida a la reciente abolición de la migración como una circunstancia agravante dentro del derecho penal y las medidas adoptadas por el Parlamento para derogar el delito de “ingreso y estancia ilegal ". Sin embargo, observa con preocupación que este último sigue existiendo como una infracción administrativa.

"También seguimos seriamente preocupados con la duración de la detención administrativa (con una duración máxima legal de 18 meses) y las condiciones de detención en los centros de identificación y expulsión (CIEs), pero es alentador ver las recientes iniciativas legislativas para reducir el plazo máximo de detención de inmigrantes irregulares a 12 o incluso seis meses," dijo el Sr. Andenas.

"Hemos encontrado que un número significativo de personas detenidas en CIEs son extranjeros declarados culpables de delitos penales y que fueron encarcelados posteriormente en estos centros," puntualizó más. "Le hacemos un llamado al Gobierno a que evite la transferencia a CIEs de inmigrantes condenados identificados durante su detención en la cárcel”.

El grupo de trabajo también expresó especial preocupación con informes de deportaciones sumarias de individuos, incluyendo en algunos casos menores y solicitantes de asilo para adultos, en el marco de acuerdos bilaterales de readmisión, principalmente debido a una inadecuada o inexistente revisión que falla en determinar la edad o informarles de sus derechos.

En el contexto de la supervisión de centros de detención, el grupo de trabajo acogió con satisfacción la reciente ratificación del protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y el establecimiento del garante nacional de derechos de detenidos. Lamenta, sin embargo, que el Gobierno aún no había establecido una institución independiente de derechos humanos nacionales en sintonía con los Principios de París.

Los expertos de la ONU también se reunieron con dos ONG italianas, Antigone y Save The Children, durante su visita.

"En asuntos similares, deben seguirse las indicaciones de la ONU y no los sentimientos de la opinión pública", dijo Patrizio Gonnella, presidente de Antígona, comentando la visita de UN. "No tiene sentido mantener en prisión preventiva, quienes, habiendo cometido crímenes menores, no irán a la cárcel después de su sentencia definitiva. Por esta razón creemos, y el grupo de trabajo está de acuerdo con nosotros, que no se debe modificar el decreto aprobado por el gobierno sobre la detención preventiva".

"Introduzcamos rápidamente el delito de tortura en el código penal italiano", concluye Gonnella", y tratemos urgentemente con todos los problemas destacados por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, incluyendo el nombramiento de un experto independiente y eminente como Defensor para detenidos ".