APADOR-CH, junto con otras ONGs rumanas, inició una protesta contra la decisión del gobierno de aprobar una ley que exige el registro de todas las personas que compren tarjetas telefónicas prepagadas. Esta propuesta de ley fue aprobada sólo un día después. En su decisión del 8 de abril del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) invalidó la Directiva del Parlamento Europeo 2006/24/CE sobre la conservación de datos de teléfono y usuarios de Internet - también conocida como la "Directiva Gran Hermano" - argumentando que se trataba de una intromisión grave y desproporcionada en los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos personales.
La decisión del Gobierno de Rumanía supone el cuarto intento en los últimos tres años para imponer regulaciones (para una cronología en rumano pincha aquí). El proyecto es ambiguo y puede influir en muchas más áreas que las tarjetas telefónicas prepagadas. Por ejemplo: todos los ciudadanos que se conectan a redes inalámbricas WiFi libres tendrán que identificarse; los 10 millones de usuarios de tarjetas telefónicas de prepago tendrán que registrarse dentro de los primeros 6 meses a partir de la fecha de la aprobación de la ley, de lo contrario su servicio será dado de baja; el registro de usuario se realizará en términos muy claros, mientras se desconoce quién tendrá acceso a la información en las bases de datos, ni sobre el por qué es necesario un código numérico personal.
Los firmantes de la protesta iniciada por APADOR-CH consideran que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno en el 9 de abril 2014 es igual de desproporcionada que la Directiva europea recientemente invalidada. Consideran que, bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional, todos los ciudadanos parecieran caer bajo sospecha y están siendo vigilados al mejor estilo orwelliano, típico de las sociedades totalitarias.
La protesta fue presentada a los diputados, a quienes se les solicitó que no adoptaran la propuesta de ley y que hicieran todos los esfuerzos para derogar otras leyes nacionales que han derivado de la “Directiva Gran Hermano”.
