Hace unos meses, durante una conferencia sobre violencia policial contra los refugiados, en Croacia se presenció cómo se interrogaba a los activistas. Ahora existe una sentencia no vinculante jurídicamente y una comunicación opaca de información, así como el bloqueo de la labor de una institución nacional independiente de derechos humanos, la Defensora del Pueblo, para acceder a los datos necesarios para llevar a cabo una evaluación.

El gobierno croata socava los derechos fundamentales

Al restringir el espacio para la acción de la sociedad civil y de cualquiera que critique públicamente las políticas y prácticas del partido gobernante, se está socavando la democracia y los derechos fundamentales. Esto también socava el Estado de derecho, pero en lugar de realizar investigaciones y tomar en serio las advertencias de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ACNUR y otras instituciones y organizaciones pertinentes, el Ministerio de Interior sigue violando la legislación nacional e internacional. Precisamente estas advertencias son una señal de que los activistas, los voluntarios y todos aquellos que ayudan a los refugiados no solo muestran una humanidad elemental, solidaridad y apoyo a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino que lo hacen de conformidad con las normas legales.

Croacia se suma a la lista de países de la UE que intentan inhabilitar a las organizaciones que apoyan a los refugiados

Lamentablemente, Croacia no es el único país de la Unión Europea que lleva a cabo estas prácticas. Las amenazas, los procedimientos judiciales y los castigos para quienes ayudan a los refugiados también suceden en Hungría, Grecia, Italia y Francia. Desde hace años, Hungría, además de violar los derechos de los refugiados, intenta castigar e inhabilitar el trabajo de quienes ayudan a los refugiados, lo que ha llevado a una situación en la que el Parlamento Europeo votó el mes pasado a favor de activar un procedimiento extraordinario para tratar de proteger la democracia y las libertades civiles en el país. El Gobierno italiano también ha decidido castigar la solidaridad y ha llegado incluso a detener al alcalde de Riacea, una ciudad conocida por su capacidad de integrar a extranjeros y a la expulsión de los que se habían asentado allí. La solidaridad, proclamada como uno de los valores fundamentales de Europa, cada vez pierde más su significado, y Croacia se ha unido a la lista de países que penalizan la solidaridad y restringen la libertad de las organizaciones de derechos humanos.

La plataforma 112 exige a los ministros que cesen los ataques

La Plataforma 112 ha denunciado el comportamiento del Ministerio de Interior y del Gobierno de Croacia, que intentan intimidar y criminalizar a las personas en movimiento, así como a quienes las apoyan. La pregunta ahora es: ¿quién pondrá fin a otras violaciones de los derechos humanos ahora que el Ministerio ha dejado de responder a las solicitudes de instituciones independientes? La Plataforma 112 también insta al primer ministro Plenković y al ministro Božinović a que pongan fin urgentemente a los intensos ataques del Ministerio contra las organizaciones de derechos humanos, permitan que las instituciones independientes realicen sus investigaciones y castiguen a quienes violan los derechos humanos y no quienes los protegen.