La Comisaria ha señalado cómo la aplicación del llamado Decreto Salvini, que lleva el nombre del ministro de Interior, de línea dura, Matteo Salvini, está afectando los derechos humanos de los solicitantes de asilo. El Decreto se está notando especialmente en la acogida de los solicitantes, la falta de la protección garantizada, el peligro continuo que corren los migrantes cuando cruzan el Mediterráneo y las dificultades de desembarco cuando llegan a Italia.

Críticas a la rapidez con la que se han cerrado los centros de acogida

La carta de la Comisaria destaca las consecuencias del cierre del segundo mayor centro de acogida de Italia, en Castel Nuovo di Porto. El 31 de enero, los residentes de este centro fueron desalojados y trasladados a otros centros. La Comisaria señala que "minimizar el uso de los centros de acogida para solicitantes de asilo podría ser un paso positivo" y que "debido al gran tamaño de los mismos, a menudo no han ofrecido buenas condiciones de acogida e integración". Sin embargo, también ha indicado que "la precipitación con la que se han realizado estos traslados puede perturbar los encomiables esfuerzos de los servicios locales estos últimos años para integrar y rehabilitar a sus residentes, y en concreto la atención especial prestada a las personas más vulnerables".

Las personas desalojadas no han recibido apoyo en materia de vivienda, salud o educación

La Comisaria ha expresado asimismo preocupación por muchos residentes de ese centro que se encuentran en riesgo de quedarse en la calle. El gobierno italiano fue instado a tomar medidas para evitar que muchos migrantes y solicitantes de asilo corran esta suerte como resultado del nuevo decreto.

Mijatovic ha reiterado su preocupación por la falta de protección de los beneficiarios de permisos humanitarios que se han visto obligados a abandonar los centros de acogida y que todavía no han recibido ninguna ayuda de las autoridades nacionales. Esa falta de ayuda puede incluso implicar que no puedan acceder a los servicios de salud y educación cuando abandonan los centros. La Comisaria ha pedido al gobierno italiano que proteja el derecho a la unidad familiar, la salud, la educación y la seguridad social, igual que había hecho la Autoridad nacional para la infancia y la adolescencia antes de la publicación de la carta.

Los bloqueos portuarios ponen en peligro la vida de los migrantes

La carta hace asimismo hincapié en que los derechos humanos de las personas rescatadas en el mar no pueden ponerse en peligro porque los países no se pongan de acuerdo entre ellos acerca de dónde pueden desembarcar. Las consideraciones humanitarias siempre son prioritarias y la violación de este principio resulta altamente preocupante. El gobierno se ha dedicado a obstaculizar y criminalizar el trabajo de las ONG que salvan vidas en el mar, a prohibir el desembarco en los puertos italianos y a derivar la responsabilidad de las operaciones de búsqueda y rescate a otras autoridades, exponiendo así a los migrantes al peligro de ser torturados, encarcelados y sometidos a otros tratos inhumanos y degradantes.

La Comisaria insta a la conciliación entre los Estados miembros

A pesar de que la carta de la Comisaria es crítica con la política de inmigración italiana, también destaca la importancia del papel de Italia en la gestión de los flujos migratorios, como uno de los países de primera llegada. Mijatovic insta al resto de los Estados miembros a que hagan todo lo posible para no dejar a Italia sola y a que mantengan un diálogo constante con las autoridades italianas para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo. No sorprende que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, haya sido elegido para continuar las conversaciones con el Consejo de Europa, dada la terquedad y el virulencia con la que trató Matteo Salvini a la Comisaria el pasado mes de noviembre, momento en el que afirmó que no estaba preocupada por el próximo decreto.