En noviembre de 2018, la Liga Belga de Derechos Humanos (LDH), ZIN TV y Krasnyi y el Colectivo Frédéric Moreau de Bellaing organizaron la primera edición de "don't shoot", una exposición colectiva de arte destinada a señalar tanto la represión policial contra los migrantes como aquella contra los movimientos sociales y los ciudadanos solidarios. La exposición también pretendía condenar la violación del derecho de los migrantes a la libertad de expresión.

La policía del distrito de Bruselas y cuatro de sus agentes que se reconocieron a sí mismos en algunas de las fotografías expuestas, no han apreciado esta iniciativa, que, según ellos, constituye una violación de su derecho a la privacidad (a pesar de que en las fotografías figuran desempeñando sus funciones oficiales en el espacio público).

Bajo el pretexto del derecho al control de su imagen, han interpuesto una denuncia judicial contra las tres asociaciones, exigiendo 20.000 euros en concepto de daños y perjuicios y solicitando al tribunal una penalización de 5.000 euros diarios por cada día que siguen expuestas las fotos. Esta denuncia entra en conflicto flagrante con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, y contradice la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo que está en juego en este juicio es el derecho a grabar la acción policial, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, pero también la creciente criminalización de los movimientos sociales. Es decir, cuestiones cruciales que nos afectan a todos.