Las tres asociaciones celebraron una rueda de prensa conjunta el 6 de febrero tras ganar la batalla por acceder al contenido del acuerdo.
La apelación a la libertad de información posibilita la divulgación de documentos
Las organizaciones apelaron a la ley de Libertad de Información para acceder al documento. Si bien el Gobierno italiano se había opuesto a hacer público el acuerdo por motivos de seguridad, el Tribunal Administrativo Regional del Lacio franqueó el acceso al texto y consideró que la decisión del ministerio era "contradictoria e injustificada".
"Hoy hemos hecho público el texto", informó la CILD tras la rueda de prensa, en la que participaron miembros de las asociaciones, como Francesco Vignarca (Rete Disarmo), los abogados Arturo Salerni, Gennaro Santoro (CILD), Giulia Crescini, Lucia Gennari y Salvatore Fachile (ASGI), y el periodista Giacomo Zandonini.
Un largo proceso que aún no ha finalizado
Las asociaciones mencionadas apelaron a la libertad de información para conocer el contenido del acuerdo bilateral entre Italia y Níger, y el de las cartas que las autoridades nigerinas enviaron al gobierno italiano el 1 de noviembre de 2017 y el 15 de enero de 2018 pasados. Anteriormente, el Gobierno italiano se había negado a revelar estos documentos, alegando cuestiones de seguridad y afirmando que su publicación podría interferir en las relaciones internacionales del país.
En respuesta, las asociaciones interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo Regional del Lacio, que instó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional a dar a conocer el contenido del acuerdo.
Sin embargo, parece que el verdadero fundamento jurídico de la cooperación entre Italia y Níger reside en las cartas intercambiadas por ambos gobiernos. El Tribunal no ordenó la divulgación del contenido de estas, de modo que ni los diputados italianos ni la ciudadanía saben qué se dice en ellas.
El acuerdo arroja luz sobre el comercio de armas
El acuerdo de cooperación, de seis páginas, presenta algunas incoherencias, pues alude a las "visitas a los barcos", pese a que Níger es un país sin salida al mar.
El acuerdo parece apuntar a una colaboración de tipo industrial entre Italia y Níger en materia de defensa. Concretamente, allana el camino a la transferencia de equipamiento militar desde Italia a Níger y permite a particulares exportar material de este tipo, soslayando la normativa internacional sobre comercio deje armas. El acuerdo convierte a Níger en país contratante, lo que reduce el control sobre la exportación de armamento.
La manera en que se firmó este acuerdo ejemplifica cómo las autoridades italianas recurren cada vez más a acuerdos simplificados que entran en vigor en el momento de la firma. Es decir, no necesitan ser ratificados y no están sujetos al control de las Cámaras y del Presidente de la República. Este acuerdo en particular entró en vigor en otoño de 2017, pero nunca fue ratificado por el Parlamento.
Las asociaciones piden que salgan a la luz las cartas no publicadas
Según el periodista Giacomo Zandonini, presente en la rueda de prensa, Níger se ha convertido en el socio estratégico de varios países en los ámbitos de la seguridad y la inmigración. Zandonini afirmó que "Italia participa en estas negociaciones, entre otras razones, para luchar contra el tráfico de inmigrantes a través de Níger".
Las tres asociaciones aprovecharon la rueda de prensa para presentar el acuerdo, responder a preguntas y criticar que las cartas entre Italia y Níger no se hayan publicado. Zandonini recalcó que "el cumplimiento de la ley de Libertad Informativa es fundamental para garantizar la transparencia".
El acuerdo Italia-Níger demuestra que es necesario y eficaz apelar a la libertad de información, con miras a garantizar la transparencia y el control democrático de la política exterior del Gobierno italiano. Por esta razón, ASGI y CILD interpondrán un recurso ante el Consejo de Estado en relación con la sentencia que deniega el acceso a las cartas enviadas por las autoridades nigerinas. Este llamamiento contribuirá a restablecer el principio democrático en que se basa la legislación sobre el acceso de la ciudadanía a la información y permitirá a esta ejercer un control más amplio sobre las actividades del gobierno.
