El gobierno húngaro endurece la guerra contra las personas sin hogar

El partido gobernante, el Fidesz, ha aprobado una ley contra las personas sin hogar que supone una escalada en sus ataques hacia las personas más vulnerables.

El Estado Punitivo: si no lo puedes resolver, prohíbelo

El acoso y la discriminación hacia las personas sin hogar no es nada nuevo en Hungría; desde que el Fidesz entró en el gobierno en 2010 la persecución hacia las personas sin hogar no ha cesado. En el verano de 2018, el Parlamento prohibió que se viva en la calle en todo el país, dificultando todavía más la vida de uno de los grupos sociales más vulnerables. Se modificó la Ley sobre delitos menores junto con la séptima enmienda a la Ley Fundamental, que entró en vigor el 15 de octubre de 2018.

Las enmiendas introducen cambios importantes

El gobierno ha suprimido el poder de los municipios para tomar sus propias decisiones sobre esta cuestión. Hasta ahora, los gobiernos locales podían decidir si prohibían a las personas sin hogar en su área, pero a partir de ahora vivir en la calle constituye un delito penal en todo el país y estas serán consideradas delincuentes.

Anteriormente, la infracción del "reglamento sobre residencia en lugares públicos" se penalizaba con servicios a la comunidad o con una multa. Sin embargo, las nuevas normas permiten enviar a los infractores a la cárcel. Las normas anteriores casi nunca fueron empleadas por la policía: desde finales de 2016 no se habían iniciado procedimientos por delitos menores por dormir a la intemperie. Según un informe de prensa, se espera que en los días 16 y 17 de octubre, en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se lleve a cabo una acción policial importante para "eliminar" a las personas sin hogar de los espacios públicos.

De acuerdo con el nuevo reglamento, si una persona es sorprendida tres veces durmiendo en la calle, la máquina punitiva entra en acción. La policía puede actuar contra una persona sin hogar varias veces al día y, en el cuarto aviso la policía está obligada a iniciar un procedimiento de infracción menor en un plazo de 90 días. El autor del delito menor entonces deberá ser detenido de forma inmediata durante 72 horas o hasta que se adopte una decisión definitiva, que puede tardar varias semanas. Si comete tres delitos, el delito menor se castiga con trabajos para la comunidad o con una pena de cárcel de uno a 60 días. Si una persona ha sido condenada dos veces por un tribunal en un periodo de seis meses debe ser penalizada con una sentencia de cárcel.

Privación de libertad en lugar de políticas de vivienda e intervenciones significativas de política social

La séptima enmienda a la Ley Fundamental prescribe que la protección de los valores cristianos es una obligación de todos los organismos estatales, lo que nos parece que constituye una contradicción fundamental con la misma enmienda, que impone medidas discriminatorias y humillantes contra las personas sin hogar.

El objetivo del reglamento es invisibilizar la falta de vivienda y el desamparo y obligar a las personas sin hogar a que entren en los refugios amenazándoles con penas de prisión. Sin embargo, ni los servicios sociales, ni las autoridades, ni los organismos responsables están preparados para recibir a miles de personas o para gestionar problemas sociales mediante la utilización de un politica criminalizadora. El efecto que provocará esta enmienda es que las personas que viven en zonas públicas quedarán excluidas de las ciudades y tendrán que retirarse a lugares donde tienen menos o ningún acceso a los servicios públicos, lo que no hace sino aumentar su aislamiento social. Ni resolverá los problemas de vivienda de las personas sin hogar, ni hará que los espacios públicos sean más limpios. Sin embargo, tanto las autoridades, los servicios sociales como las instituciones responsables, verán cómo aumenta su carga de trabajo mientras que la discriminación social hacia las personas sin hogar aumentará considerablemente.

Decenas de millones de forints húngaros empleados en encarcelar, pero ninguna solución real

No se ha publicado ningún estudio oficial sobre el número de personas que viven en la calle y en los refugios. Se estima que entre 12.000 y 13.000 personas en Hungría se ven afectadas por la falta de vivienda, mientras que decenas de miles se encuentran en una situación de riesgo a perder sus hogares debido a deudas o alquileres cada vez más elevados en un mercado inmobiliario sin regular. Sin embargo, según el Ministerio de Recursos Humanos, el número de plazas disponibles para personas sin hogar en el país consta únicamente de 9.600 plazas, y 1.500 adicionales para "situaciones de crisis".

Incluso en caso de haber espacios suficientes, en los refugios, las familias no pueden permanecer juntas pues se separa a hombres y mujeres, mientras que a los niños se les lleva a servicios sociales si sus familias pierden su vivienda. Mientras tanto, según los datos solicitados por la ONG The City is for All [La ciudad es para todos] existen 2.500 pisos vacíos en Budapest, propiedad de los gobiernos municipales, que no se entregan a las personas necesitadas. Los gobiernos locales de la capital húngara gastan al menos 190 millones de forints anuales en mantener pisos vacíos, y el año pasado, al menos 346 pisos propiedad de los gobiernos locales fueron vendidos a compradores privados.

El Grupo de Trabajo sobre Delitos Menores considera que los recursos presupuestarios deberían destinarse a la prevención de la falta de vivienda, y en concreto a evitar que las familias se endeuden y pierdan sus hogares, y no al encarcelamiento de las personas vulnerables. Detener a un infractor durante un día cuesta aproximadamente 8.000 forints. Según las estadísticas de multas no pagadas, las personas sin hogar han pasado 70 días en detención en total desde 2012.

El gobierno de Orbán camina hacia un gobierno arbitrario

Estas medidas siguen la misma línea que las que el gobierno de Fidesz ha adoptado para desmantelar el Estado de derecho, que hasta ahora han resultado en una reducción del poder del Tribunal Constitucional, y una amenaza a la función de los controles y equilibrios. Durante los últimos años, el Fidesz ha atacado a las ONG independientes de derechos humanos y a varias instituciones de educación superior, y ha logrado reducir la selección de publicaciones de prensa independientes.

Tras lograr otra mayoría de dos tercios en las elecciones parlamentarias de 2018, continuó sus ataques contra las ONG independientes con la adopción de nuevas leyes. La independencia de los tribunales y la libertad de investigación y educación están también amenazadas. La propaganda del Gobierno ha dado lugar a un aumento de la xenofobia, y el número de víctimas de esta hostilidad continua no cesa de crecer. Los últimos golpes de esta forma autoritaria de ejercer el poder son las medidas que tratan de imponer un impuesto del 25% a las organizaciones que trabajan con refugiados y la amenaza de pasar un año en la cárcel por ayudar a los refugiados.

El Comité de Helsinki Húngaro, Hungarian Civil Liberties Union y la Asociación de Abogados de Calle son miembros del Grupo de Trabajo sobre Delitos Menores.