La Unión de Libertades Civiles de Hungría (HCLU) acoge con satisfacción el informe publicado por el Relator especial de la ONU, que critica de forma explícita y dura al gobierno húngaro en una serie de áreas.

Un nuevo informe del Relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hace críticas demoledoras al deterioro del sistema constitucional húngaro.

Desmantelar la justicia

El informe señala que la restricción de la autoridad del Tribunal Constitucional contribuye a desmantelar el sistema de controles y contrapesos, y critica los reglamentos impuestos al poder judicial, los medios de comunicación y las organizaciones religiosas. La agenda política del gobierno, consistente en estigmatizar a sus críticos y sobre todo a las organizaciones de derechos humanos, se ve asimismo enérgicamente denunciada.

Entre las medidas destinadas a debilitar la ejecución de los derechos, Forst mencionó la retirada de la capacidad jurídica de las organizaciones de vigilancia de los derechos humanos de encomendarse directamente al Tribunal Constitucional.

Respecto al papel clave del Defensor del pueblo en la observancia de los derechos, el relator señaló la falta de financiación y advirtió de que el Defensor del pueblo juega un papel decisivo en la protección de los defensores de derechos humanos.

Libertad de prensa

El informe analiza asimismo la restricción de la libertad de expresión mediante el uso de la amenaza de sanciones por difamación. La campaña de la HCLU, Politikuss!, tenía precisamente el objetivo de enmendar esa norma.

A juicio de Forst, el Estado regula excesivamente los medios de comunicación, elabora listas de periodistas, mientras que los autores de artículos abiertamente críticos corren el riesgo de perder su empleo.

El relator expresó su honda preocupación respecto a la modificación de la Ley de libertad de la información realizada en 2015, sosteniendo que esta condujo a una reducción radical del acceso a los datos de interés público.

Poner freno a la intimidación

Forst menciona específicamente la Ley sobre la correspondencia recientemente presentada, sobre la cual la HCLU y otras tres ONG escribieron una carta abierta a los parlamentarios para pedirles que voten en contra del proyecto de ley.

Asimismo, el informe incluye su preocupación respecto al derecho de reunión. El relator especial criticó la práctica de la policía de no proporcionar suficiente protección a las manifestaciones de los grupos minoritarios contra las manifestaciones extremistas, destacando que hubo que echar atrás una orden de la policía para permitir protestas frente a la casa del primer ministro.

Forst levantó la voz contra la estigmatización de personas y organizaciones privadas que cumplen una función de vigilancia. Hizo un llamamiento al gobierno para que ponga freno a las campañas de difamación contra los defensores de los derechos humanos y los reveladores de secretos.