Observatorio de la UE

COVID-19 en las cárceles italianas: Informe anual de Antigone

Antigone ha presentado su decimosexto informe anual, que analiza la situación de las cárceles durante 2019 y los primeros meses de 2020.

by Italian Coalition for Civil Liberties and Rights

En el informe titulado "La prisión en tiempos de coronavirus" (aquí puedes consultar el dossier de prensa en inglés), Patrizio Gonnella, presidente de Antigone, señala cómo la concesión de videollamadas y aumentar las llamadas telefónicas para mantener el contacto con los familiares durante este momento difícil debe considerarse una victoria vital para los presos, que les ayuda a evitar el aislamiento y la soledad. Esperemos que esta victoria pronto se convierta en un derecho.

Antes de la pandemia

A finales de febrero de 2020 las cifras oficiales mostraban que había 61.230 reclusos en las cárceles italianas, a pesar de que la capacidad oficial es de 50.931. La tasa media de ocupación era del 130,4%, alcanzando un máximo de 194,7% en Larino, y dejando a Italia como el segundo país con las cárceles más hacinadas de Europa. Los observadores de Antigone visitaron 98 prisiones en el curso de 2019 y el análisis de los datos que recogieron mostró que en 45 instalaciones no había agua caliente, mientras que otras 25 no cumplían la norma mínima de tres metros cuadrados por preso en cada celda. De hecho, en tres cárceles (Poggioreale, Pozzuoli y Bolzano) alojaban a 12 personas en la misma celda. Italia tiene la segunda tasa más alta de Europa de reclusos mayores de 50 años (25%). Y durante los últimos diez años también ha habido un aumento en la duración de las sentencias, con cerca del 27% superiores a 10 años.

Para ver los vídeos que grabó Antigone en los centros penitenciarios, pincha aquí.

Cómo gestionó el sistema penitenciario italiano el coronavirus

El día 15 de mayo, la población reclusa era de 52.679 personas, es decir, la tasa de ocupación ha disminuido al 112,2%. Esta disminución se explica en parte por el decreto "Cura Italia", publicado el 17 de marzo, que identificó el arresto domiciliario como el principal instrumento para reducir la población reclusa. Los presos con sentencia definitiva y una pena de entre 6 y 18 meses pasaron a ser controlados a través de vigilancia electrónica. En la región de Emilia Romaña, por ejemplo, el 21% de la población reclusa fue enviada a casa. El 15 de abril, 30.416 personas se beneficiaban de medidas alternativas como el arresto domiciliario, servicios sociales y el régimen de semilibertad, mientras que en 2008 la cifra era de una cuarta parte. El 2 de mayo, tras graves disturbios relacionados con la liberación de jefes de la mafia (supuestamente debido a las nuevas leyes sobre coronavirus, aunque en realidad la liberación de dos de ellos fue posible gracias a leyes previas no relacionadas con el coronavirus) Francesco Basentini, ex jefe del Departamento de Administración Penitenciaria, dimitió y Bernardo Petralia, magistrado y asesor de la comisión Antimafia, fue designado como nuevo jefe. A fecha de 15 de mayo, 119 reclusos y 162 miembros del personal penitenciario habían dado positivo en las pruebas de detección del coronavirus, que causó la muerte de cuatro reclusos, dos funcionarios penitenciarios y dos médicos. Al parecer, en Francia y España las cifras han sido similares. El informe de Antigone también analiza las protestas que tuvieron lugar en 49 prisiones entre el 7 y el 9 de marzo, cuando se introdujo el primer decreto que limitaba en gran medida la vida dentro de las prisiones, y provocó la muerte de 13 reclusos por sobredosis. Antigone ha creado dos mapas que ofrecen información actualizada sobre la evolución de la situación de Covid-19 en las cárceles italianas y europeas.

Las propuestas de Antigone para el futuro

Antigone ha hecho una serie de propuestas con el fin de mejorar la situación actual en los centros penitenciarios:

  1. Reducir el número de delitos.
  2. Reducir la población reclusa, a partir de la superación del actual planteamiento del sistema penal centrado en la cárcel.
  3. Cambiar la ley sobre drogas reduciendo su impacto represivo.
  4. Permitir los teléfonos inteligentes y las llamadas a larga distancia para que los reclusos puedan mantener el contacto con sus familias y para fines educativos y actividades relacionadas con los planes personalizados de los reclusos.
  5. Invertir en nuevas tecnologías.
  6. Transparencia de la información al mundo exterior.
  7. Informar a los presos sobre todas las normas y prácticas internas.
  8. Que el sistema de salud tenga un papel más activo, incorporando nuevos médicos y personal fijo.
  9. Reconocer el papel del voluntariado.
  10. Contratar a 300 directores de prisiones.

Para ver el informe completo pincha aquí.

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