El 13 de diciembre, el Tribunal de Estrasburgo condenó a Bélgica por trato inhumano y degradante (violación del Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) hacia un ciudadano de Georgia que se encontraba gravemente enfermo.

El tribunal dictaminó que el Estado belga violó también su derecho a la intimidad y a la vida familiar (Artículo 8 del CEDH) al intentar deportarlo a su país de origen mientras su esposa e hijos vivían en Bélgica.

La Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) lleva denunciando de forma regular y firme las prácticas administrativas de la Oficina de Extranjería relacionadas con las circunstancias que pueden justificar una residencia por razones médicas.

La gravedad de la enfermedad se evalúa de acuerdo con un certificado médico, sin reunirse con la parte afectada. Además, el umbral de gravedad que se requiere es tal que se espera que el paciente muera en un plazo de tres meses.

La Oficina de Extranjería analiza de forma muy superficial la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica en el país al que se deporta o en el país de origen.

Los derechos son para todos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de diciembre de Paposhvili v. Belgium, redefinió estas prácticas administrativas que violan con demasiada frecuencia los derechos fundamentales y exceden la voluntad de los legisladores, para combatir los abusos cometidos en el contexto de las solicitudes de residencia por razones médicas.

La LDH también indica, con cierto alivio, que las violaciones cometidas a este respecto no ocultan las principales asuntos en cuestión. El TEDH ha sido quien a reiterado que los valores de la Declaración Universal y del CEDH son para todas las personas, sin excepción.

¿Cambiará algo?

La LDH espera que esta sentencia lleve a cambios radicales en las prácticas administrativas.

Sin embargo,tememos que la administración, junto con el secretario de Estado para Asilo y Migración, sigan sin respetar la decisión del tribunal, como ya ha sucedido con las decisiones dictadas por el tribunal de Estrasburgo.

Es urgente garantizar los derechos de los migrantes enfermos. Su estado de vulnerabilidad debería protegerlos de cualquier decisión arbitraria e infundada. Sin embargo, sucede exactamente lo contrario.

La política de migración no puede "cruzar la línea roja" cuando se trata del derecho a la vida, la dignidad y la vida familiar.