El Abogado General Manuel Campos Sánchez-Bordona presentó el martes un dictamen en el que señala a los jueces que decidan el caso, que "la exigencia de registrar a los donantes extranjeros de organizaciones de la sociedad civil puede violar tanto la privacidad como la libertad de asociación y tampoco se justifica por los objetivos declarados del gobierno húngaro".

Tres organizaciones depositan su esperanza en el tribunal

Tres organizaciones -Amnistía Internacional Hungría, el Comité Húngaro de Helsinki y la Unión Húngara de Libertades Civiles- han declarado que la postura del Abogado General ha reforzado sus expectativas acerca de que el Tribunal de Luxemburgo tumbe la ley destinada a silenciar a las organizaciones que se atreven a criticar al gobierno. En un comunicado conjunto declaran que "en lugar de estigmatizar y silenciar, el gobierno debería responder con argumentos y diálogo las críticasa a su trabajo".

En 2017, el Parlamento húngaro estableció la obligación de que las organizaciones de la sociedad civil que recibieran más de 7,2 millones de HUF al año (aproximadamente 21.600 euros) en donaciones extranjeras se registraran como organizaciones de la sociedad civil financiadas desde el extranjero y lo indicaran en sus sitios web y publicaciones. La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción de la ley, presentando un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los donantes extranjeros pueden temer que su reputación acabe por los suelos

En el dictamen utilizado como base para la sentencia del tribunal, el Abogado General afirma que las donaciones extranjeras concedidas a una organización de la sociedad civil se consideran capital en circulación. Hungría ha establecido unas condiciones para el movimiento de capitales, hecho que potencialmente disuade a los donantes extranjeros, que pueden temer ser estigmatizados si se publica información detallada sobre sus donaciones. Además, al publicar sus nombres y las cantidades donadas (es decir, gestionar sus datos personales) en bases de datos públicas, el Estado se inmiscuye en su privacidad.

El Abogado General desestima el argumento sobre el orden público de Hungría

Dificultando las donaciones, la ley contra la sociedad civil afecta la viabilidad y la supervivencia de las organizaciones que reciben esos apoyos, limitando así su libertad de asociación, declaró Campos Sánchez-Bordona. En su argumentación, el Estado húngaro subrayó la protección del orden público, pero el Abogado General estima que esto puede servir de referencia únicamente para acciones contra aquellas organizaciones de la sociedad civil que sean sospechosas de haber violado el orden público, sin imponer a tods las organizaciones una obligaciones tan contestadas. Además, señaló que las normas de la UE ofrecen suficiente protección contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.