Bolonia se ha unido a Turín y ha aprobado una solicitud de suspensión de la aplicación del llamado Decreto Salvini sobre inmigración y seguridad, con el fin de reevaluar sus posibles repercusiones económicas, sociales y de seguridad.

Bolonia seguirá con el sistema SPRAR

"Bolonia no renunciará al modelo de integración general del sistema SPRAR (es decir, el sistema de protección de los solicitantes de asilo y los refugiados). La suspensión del Decreto Salvini, solicitada por el Ayuntamiento de Bolonia, sigue a lo ocurrido en Turín hace unos días. Pero, a diferencia de Turín, donde el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que gobierna la ciudad, votó a favor de suspender el decreto, en Bolonia cuatro grupos políticos mayoritarios y de oposición apoyaron la votación, mientras que el M5S se abstuvo", escribió Marco Lombardo, Concejal del Tercer Sector del Ayuntamiento de Bolonia.

La agenda reza que el Ayuntamiento de Bolonia y de la Ciudad Metropolitana, como muchas otras áreas, "han puesto en marcha acciones dirigidas a implementar una red SPAR de recepción sólida y amplia, así como una distribución justa y sostenible de las personas en todo el territorio y no solo concentradas en las grandes zonas urbanas".

Bolonia lidera la aceptación de nuevas llegadas

El Ayuntamiento de Bolonia lidera el proyecto SPRAR en su área metropolitana. En el proyecto participan 43 de los 45 municipios, proporcionando 870 plazas a familias y adultos, de las cuales 49 están destinadas a adultos vulnerables y 208 a menores extranjeros no acompañados. Estas plazas están distribuidas en 114 pequeños edificios. Además, cuentan con otras 80 plazas de primera acogida para menores no acompañados en cuatro edificios.

El Decreto Salvini dejaría fuera al 75% de las personas

En la zona metropolitana de Bolonia, cerca de 2.500 personas han sido acogidas en centros de acogida. De estas, 1.078 están dentro del sistema SPRAR. Sin embargo, como consecuencia del Decreto Salvini, alrededor del 75% de ellas ya no cumplirían los criterios para beneficiarse del mismo, cuyo objetivo es garantizar vías de autonomía y fomentar la convivencia con las comunidades locales. El decreto crea riesgos legales y provocaría un aumento del número de personas sin asistencia ni vivienda, especialmente en el centro de la ciudad. Esto, a su vez, tendría consecuencias para los servicios atención básica.

El coste del decreto recaería desproporcionadamente sobre los gobiernos locales

La ANCI (Asociación Nacional de Municipios Italianos) ha estimado que el Decreto Salvini supondría un coste de 280 millones de euros en tasas administrativas para la asistencia a personas vulnerables, que recaerían sobre los servicios sociales y de salud y los municipios y no en el sistema estatal.