Tecnología y Derechos

ONG: ¡No más tecnología de vigilancia para gobiernos autoritarios!

La exportación de equipos de vigilancia se está convirtiendo en un gran negocio para las empresas italianas e internacionales, un negocio que pone en peligro a activistas y periodistas que trabajan bajo regímenes autoritarios.

by Ilaria Giacomi

La Coalición Italiana por las Libertades Civiles y Derechos (CILD) y otras ONG han recurrido ante Ministro de Desarrollo Económico italiano (MISE) la licencia de exportación concedida a Area SpA, una empresa italiana que produce tecnologías de vigilancia y las vende a gobiernos extranjeros, entre ellos el de Siria.

El caso de Area SpA

Otras organizaciones que defienden los derechos humanos en el ámbito digital, como Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights y Access Now, se han unido a CILD en esta iniciativa para tratar de llamar la atención sobre las cuestiones que surgen de la falta de transparencia que rodea a la exportación de tecnologías de doble uso.

Estas tecnologías son objeto de una vigilancia minuciosa por parte de estas ONG, pues pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares; por eso resultan de tanto interés para muchos gobiernos autoritarios.

Area SpA, por ejemplo, obtuvo la autorización para vender tecnologías de vigilancia de comunicaciones a la agencia de inteligencia egipcia Departamento de Investigación Técnica (TRD). Después de que CILD y Hermes lanzaron la voz de alarma, el MISE suspendió la licencia de exportación de la empresa a Egipto.

A nivel europeo también se han considerado cuestiones similares sobre los riesgos y problemas relacionados con la falta de transparencia de los servicios prestados por dichas empresas.

La situación se complica aún más por la ineficacia de las normativas europeas en la materia, por la dificultad de tener una visión completa del tipo de productos que se exportan y especialmente, por la falta de información sobre los gobiernos compradores.

La necesidad de más transparencia

El caso italiano demuestra claramente la normativa actual no protege suficientemente a los activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier otro usuario de las tecnologías de cibervigilancia.

El uso de herramientas como el spyware para controlar y atacar a activistas y disidentes también ha sido denunciado en México, y CILD señaló que otra compañía italiana, Hacking Team, solía abastecer a agencias gubernamentales mexicanas.

La única forma de proteger los derechos digitales y de comunicación es aumentar la transparencia de las licencias de exportación que se otorgan a empresas como Area Spa.

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