El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió este 20 de julio dos resoluciones sobre acuerdos amistosos que implicaban a ciudadanos belgas.

¿De qué trataban? Tras años de procedimientos, el Estado belga finalmente ha reconocido que las dos personas afectadas por estos dos casos distintos y no relacionados, fueron objeto de brutalidad policial y trato inhumano y degradante, lo que supone una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Pese al abuso policial, los tribunales belgas ignoraron durante mucho tiempo las denuncias de las víctimas (a pesar de que estaban bien fundadas y documentadas). Después de años de negación, el Estado ha preferido llegar a un acuerdo y pagar una suma importante a los denunciantes para evitar una nueva condena del tribunal internacional - y evitar la vergüenza que suponen las sentencias.

Pagar el precio

De hecho, no es la primera vez que los tribunales europeos condenan el uso ilegal de la fuerza y la impunidad policial en Bélgica. En el famoso caso Bouyid v. Bélgica, la Gran Sala del TEDH criticó especialmente a las autoridades belgas y condenó las operaciones policiales que los jueces belgas habían considerado "perfectamente legítimas", incluidos jueces del Tribunal de Casación del país.

Pero Bélgica no parece haber aprendido la lección y el Estado, es decir, los contribuyentes, están pagando ahora un precio muy alto por ello. A nivel económico, tras años de procedimientos y de ignorar las denuncias de las víctimas, Bélgica pagará 185.000 euros a una de las víctimas y 15.000 a la otra como indemnización.

Y aún más importante, en términos de reputación internacional: estos casos sitúan a Bélgica en la fea lista de países que toleran la impunidad (al menos hasta que un tribunal internacional les obliga a hacer algo al respecto).

Es hora de acabar con la impunidad

La Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) intervino en uno de estos dos casos para informar al TEDH sobre las dificultades que enfrentan las víctimas de abuso policial cuando reclaman sus derechos ante los tribunales belgas. En esta ocasión, la LDH redactó un amicus curiae para de informar al Tribunal sobre la cuestión y sobre los principales obstáculos reglamentarios y prácticos que enfrentan las víctimas de la brutalidad policial. Un resumen del amicus está disponible en la página web de LDH.

Estos casos demuestran que el uso ilícito de la fuerza (en uno de los casos motivada además por cuestiones raciales) y la complaciencia con la que algunos jueces tratan estos casos son problemas persistentes en Bélgica. Es hora de que el Estado ponga fin a la impunidad de quienes perjudican la fuerza policial, mediante la aplicación de medidas concretas, tanto regulatorias como de formación para agentes de policía y jueces.