Un estudio de la Dirección de Protección de Datos neerlandesa (DPA) ha instado a la administración tributaria y arancelaria a poner fin a la vulneración identificada lo antes posible. Si esto no sucede, la Dirección de Protección de Datos puede tomar medidas coercitivas.

El número de servicios al ciudadano es un número de identificación legal para facilitar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos. Los ciudadanos pueden utilizar su número en todas las ventanillas del gobierno.

La ventaja de un número de servicios al ciudadano es que los ciudadanos no tienen que facilitar datos personas una y otra vez cuando necesitan realizar algún tipo de trámite.

Usurpación de identidad

Pero el número de servicios al ciudadano tiene también una vulnerabilidad: si cae en manos equivocadas, puede permitir el fraude de identidad.

Una persona maliciosa puede, por ejemplo, alquilar un coche con los datos personales de otra y, así, provocar un gran daño.

Los trabajadores por cuenta propia no pueden proteger sus números de servicios al ciudadano. Están obligados a dar estos números a conocer porque forma parte de su código de identificación fiscal.

La Administración Tributaria y Arancelaria ya prometió en 2017 preparar un plan para resolver el problema. Pero no lo ha hecho todavía.

El Departamento de Protección de Datos ha exigido una solución antes del 1 de enero de 2019. El ministro de economía y hacienda ha declarado ya que no podrá cumplir con ese plazo.