Como viene haciendo todos los años, Rights International Spain ha vuelto a publicar su Balance Anual de Derechos Humanos, con todos los informes y resoluciones emitidas por organismos europeos e internacionales sobre la situación de España en lo que respecta al disfrute de los derechos y las libertades civiles.
En este año 2017 RIS ha comprobado que las autoridades españolas han perdido una oportunidad para cumplir con las deudas pendientes en materia de derechos y libertades civiles. Este año el Estado español ha recibido cinco condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ámbitos tales como el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a un juicio justo o la prohibición de las expulsiones sumarias. Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado la normativa española por establecer la expulsión automática de todo residente de larga duración condenado penalmente.
Derechos de las minorías y violencia policial
Por su parte, el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU se ha sumado a la larga lista de mecanismos internacionales que han censurado las “devoluciones en caliente” desde Ceuta y Melilla y el Relator Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos criticó las presiones que reciben, precisamente, los defensores y defensoras de los derechos de las personas migrantes en España. Asimismo, la ONU ha vuelto a reprochar al Estado español su falta de respuesta debida a las víctimas de las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha insistido en eliminar la detención incomunicada de la legislación, así como en poner fin al uso excesivo de la fuerza con los detenidos y la inmovilización mecánica en las cárceles y centros de menores. Por otro lado, varios han sido los mecanismos internacionales y europeos de protección de derechos humanos los que han llamado la atención a las autoridades españolas por la respuesta policial en Cataluña el 1 de octubre. Finalmente, los desafíos a la independencia judicial en España han sido puestos nuevamente de manifiesto por la Red Europea de los Consejos Judiciales.
