Del 12 al 16 de marzo, la Comisión de Estupefacientes (CND) se reunió en Viena para celebrar por 61ª vez su sesión anual.

Desde que la Asamblea General de la ONU amplió las competencias de la Comisión en 1991, convirtiéndola en el órgano de gobierno de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), las reuniones anuales se han convertido en uno de los momentos centrales para la estructuración de futuras políticas de drogas.

Gracias a las decisiones de la Comisión, ciertas drogas y sustancias se consideran legales y, por lo tanto, disponibles, mientras que otras están prohibidas y, por ello, sujetas a restricciones.

El trabajo de la reciente sesión de la Comisión de Estupefacientes adquiere una mayor importancia en vista de la Reunión Ministerial de Alto Nivel que se celebrará en Viena el año próximo y permite hacer un balance de los casi 20 años de la Guerra contra las Drogas.

El papel de la sociedad civil

El trabajo de la Comisión de Estupefacientes este mes de marzo, aunque partió de los puntos positivos de la UNGASS 2016, estuvo muy marcado por la situación política mundial, cuyo equilibrio en los últimos años ciertamente es un claroscuro.

Por un lado, existe un hecho objetivo: desde abril de 2016, cada vez más países han decidido cambiar sus políticas sobre drogas y, se ha dado en todo el mundo, una reducción del número de sentencias de muerte relacionadas con las drogas.

Por otro lado, no podemos evitar reflejar que un país como Estados Unidos, históricamente líder en políticas prohibicionistas, tras el breve período liberal de Obama, está volviendo con Trump a posturas más duras, incluso planteando la posibilidad de introducir la pena de muerte para traficantes de drogas (que se aplica actualmente en las Filipinas de Duterte, donde las muertes se cuentan por miles).

Por ello, no resulta sorprendente que este tipo de contradicciones tan obvias también hayan desencadenado un estancamiento en el trabajo de la Comisión. Los representantes de las 53 delegaciones acordaron tibiamente el respeto por los derechos humanos y la necesidad de suavizar las intervenciones de prevención y tratamiento, pero, por ejemplo, la resolución conjunta presentada por Uruguay y Canadá contra el estigma que afecta a quienes consumen drogas enfrentó muchas dificultades durante el proceso.

Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en el trabajo de la Comisión y han promovido casi un centenar de eventos paralelos durante la reunión. Un ejemplo de su colaboración es una carta dirigida a los directores de la Organización Mundial de la Salud y la UNODC, firmada por 188 ONG, incluido la organización miembro de Liberties, CILD, para solicitar una revisión urgente de los estándares y directrices para el tratamiento del trastorno por uso de drogas.

El caso italiano

La sociedad civil ha jugado un papel importante a la hora de definir la postura de la delegación italiana durante su trabajo en la Comisión. Con una carta abierta, las ONG italianas instaron al gobierno a que no repita los errores del pasado y apoyara las políticas de drogas de otros países europeos, que respetan más los derechos humanos.

La delegación italiana reiteró una serie de posturas que ya había expresado el embajador de Italia en la sesión plenaria de UNGASS 2016: la reducción de daños, la condena del castigo de pena de muerte para los traficantes de drogas y un llamamiento a la reducción de las penas de cárcel para los consumidores de drogas.

Durante su discurso en la CND, el embajador reiteró estos puntos y reconoció la importancia de las ONG y de la sociedad civil como consultores.

En espera de Viena 2019, ojalá este reconocimiento sirva para abrir un debate productivo entre las instituciones y la sociedad civil (como sucedió en 2016). A juzgar por las propuestas resultantes del debate, debería contribuir a una reforma en las políticas de drogas italianas e internacionales.