Muchos países europeos están deseando castigar a los medios que hacen preguntas desagradables a los diputados, impidiéndoles trabajar dentro del parlamento.

Periodistas expulsados a la fuerza

El caso parte de un incidente en el Parlamento macedonio el 24 de diciembre de 2012, cuando se expulsó del edificio a los periodistas a la fuerza mientras estaban retransmitiendo el debate parlamentario sobre los presupuestos del Estado del año siguiente.

Los periodistas, respaldados por la Asociación de Periodistas de Macedonia, iniciaron procedimientos legales en tribunales nacionales, alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión, protegido tanto por la constitución nacional, como por la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). El caso acabó llegando al Tribunal Constitucional del país, que determinó que no se habían vulnerado los derechos de los periodistas.

El caso de Selmani y otros contra Macedonia llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, donde los solicitantes denunciaron dos infracciones de la CEDH:

• el Artículo 6, que garantiza un juicio justo, por la falta de vista oral en el Tribunal Constitucional;
• y el Artículo 10, que protege la libertad de expresión, por su expulsión a la fuerza de la sala parlamentaria el 24 de diciembre de 2012.

El 9 de febrero, el TEDH emitió su veredicto, dando la razón a los denunciantes: en efecto, se habían infringido los artículos 6 y 10 de la convención. En su dictamen, el tribunal afirmaba que:

"[E]l gobierno no logró explicar de un modo convincente que la expulsión de los denunciantes de la sala era necesaria en una sociedad democrática y cumplía el requisito de 'necesidad social apremiante'. Aunque los motivos alegados por el Tribunal Constitucional eran relevantes, no pueden ser considerados suficientes, en las circunstancias dadas, para justificar la expulsión de los denunciados de la sala".

La decisión sólo afecta al caso juzgado, es decir, no tiene aplicación universal.

Sucesos en Hungría

El Tribunal de Estrasburgo declaró que prohibir la entrada de periodistas atentaba contra el interés público, porque es un modo de negar a los ciudadanos el acceso a información importante. La Unión Húngara por las Libertades Civiles (HCLU) adoptó este argumento cuando acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en representación de seis periodistas a los que se les había impedido la entrada al Parlamento húngaro. Se vetó el acceso al edificio a la prensa húngara por dictamen del Presidente del Parlamento, supuestamente porque habían estado haciendo grabaciones de vídeo en otros lugares aparte de los estrechos pasillos donde el Presidente de la Cámara permite grabar.

La Unión Húngara por las Libertades Civiles mantiene que en una sociedad democrática es inaceptable que la legislatura restrinja las grabaciones de vídeo sin revelar la causa real detrás de esta medida; cualquier restricción de la libertad de prensa, tanto en general como en circunstancias particulares, debería venir respaldada por una argumentación clara por parte de los poderes políticos.