Tecnología y Derechos

Suecia investiga formas de agilizar los desalojos de ciudadanos de la UE vulnerables

Una investigación gubernamental sugiere que un proceso de desalojo más sencillo y una fuerza policial más activa son las mejores formas de desalojar más fácilmente asentamientos ilegales.

by Civil Rights Defenders
El gobierno sueco trata de agilizar el proceso de desalojo de los asentameintos ilegales.

En Suecia, los ciudadanos de la UE vulnerables son expulsados de forma continua de sus asentamientos temporales, ya que no se contempla que tengan ningún derecho de asentarse en las zonas que reclaman. Muchos de ellos son romanís de Rumania.

Los desalojos los lleva a cabo la policía que, entre otras cosas, derriba las viviendas que se han construido, confisca caravanas, trata la propiedad personal como si se tratara de basura, y solo en algunos casos derivan a las personas desalojadas a alojamientos temporales donde puedan pasar unas noches.

Policía más activa

El gobierno sueco inició en septiembre 2015 una investigación para buscar nuevas formas que agilizaran el proceso de desalojo de asentamientos ilegales.

Los resultados de esta investigación incluyen sugerencias para simplificar los procesos de desalojo, por ejemplo, un nuevo proceso de expulsión en el que ya no sea necesario que los propietarios de los terrenos identifiquen a quienes están viviendo en ellos antes de proceder al desalojo. Además, proponen que la policía asuma un papel más activo en estos desalojos, al margen de si el asentamiento está situado en un terreno de propiedad pública u otro.

La policía sueca podría tomar un papel más activo en el desalojo de asentamientos ilegales.(Imagen: Patrick Buechner)

También sugiere que se puedan tomar decisiones provisionales (es decir, decisiones sobre medidas que se ejecutan de forma inmediata sin informar a la o las personas afectadas y sin darles una oportunidad de poder responder antes de la ejecución) en casos de desalojos, y que un alto cargo de seguridad del Estado pueda dar orden de vender o destruir la propiedades que se encuentren en el terreno que ha sido desalojado.

El desalojo de ciudadanos vulnerables

Civil Rights Defender, como uno de los órganos consultivos, ha enviado una declaración al gobierno. Somos muy críticos de las conclusiones de la investigación y rechazamos la mayoría de las propuestas, pues el trato hacia las personas desalojadas de sus asentamientos entra en conflicto con los compromisos internacionales de derechos humanos de Suecia.

Muchas de las personas que fueron desalojadas en Suecia eran romanís de Rumanía. (Imagen: Consejo de Europa)

Civil Rights Defenders reconoce el la labor del gobierno de proteger el derecho del propietario a su propiedad, pero señala que esto no puede llevarse a cabo sin respetar también los derechos de las personas que viven en esos asentamientos en el momento del desalojo. La organización es también muy crítica con las propuestas, pues en la práctica podría hacer que los desalojos de estas personas que ya viven en situación de vulnerabilidad, fueran cada vez más inseguros a nivel legal.

Prohibición de la mendicidad

En agosto 2016, el Ministro de Administración Pública, Ardalan Shekarabi, declaró que el gobierno estaba considerando prohibir la mendicidad. Una razón habitual por la que los ciudadanos vulnerables acaban pidiendo en la calle en Suecia, es la discriminación sistemática en nuestro país, que hace que sea imposible ganarse la vida y tener los derechos fundamentales cubiertos. Muchos no encuentran ningún otro modo de ganarse la vida y tienen que pedir en las calles de Suecia y de otras ciudades europeas.

El gobierno sueco está considerando prohibir la mendicidad.(Imagen: Sigfrid Lundberg)

Civil Rights Defenders es muy crítica hacia esta propuesta, y cree que llevará a los ciudadanos de la UE que ya viven en situaciones de vulnerabilidad, a la completa marginación. En lugar de eso, el gobierno debería centrarse en garantizar que se cumplan los derechos de estos ciudadanos cuando estén en Suecia y presionar al gobierno rumano de que asuma su responsabilidad de garantizar los derechos de los romanís en su propio territorio también.

Veáse aquí la declaración completa.

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