El gobierno rumano ha adoptado recientemente un polémico proyecto de ley que declara a la Casa Real de Rumanía "persona jurídica de especial interés" y obliga al Estado a reconocer oficialmente al jefe de la susodicha casa (sea quien fuere) y a subvencionar generosamente sus operaciones y actividades.
La expresión "persona jurídica de interés público" aparece en la legislación nacional de asociaciones y fundaciones. La Casa Real de Rumania no ha existido legalmente en los últimos setenta años, después de la abdicación del último rey y el establecimiento del comunismo.
Se legalizaría pues ahora, a través de la ley del gobierno. En las últimas décadas, el antiguo rey de Rumania, Miguel, que vivió en el exilio en Suiza, recuperó la propiedad de numerosas propiedades en el país, a pesar de que la devolución de los bienes confiscados por los comunistas no ha llegado a efectuarse del todo en lo que atañe a los ciudadanos normales.
De acuerdo con la ley, el Estado rumano financiaría lo siguiente:
- Un alquiler de noventa y nueve años para el palacio Elisabeta, cuyo uso le fue concedido gratuitamente a la Casa Real por el Estado;
- Una asignación mensual para el jefe de la Casa Real, equivalente a la cantidad que reciben los antiguos jefes de Estado, es decir, el 75 por ciento de lo que cobra el presidente en funciones de Rumanía (alrededor de 3200 euros al mes);
- Los gastos para el funcionamiento de la Casa Real (desconocidos por el momento);
- Una parte de los costes de realización de actividades públicas, proyectos y programas por parte de la Casa Real. No se especifica qué parte, lo que significa que el Estado podría hacerse cargo de hasta un 99,9 por ciento de los costes;
- Los gastos de funcionamiento del departamento de administración de la Casa Real, que estará compuesto por un máximo de 20 personas (se desconoce también a cuánto ascendería la cantidad).
Preocupaciones constitucionales
Además de las cuestiones financieras, existe también al menos una preocupación constitucional sobre este proyecto de ley. Su artículo 11 requiere que el Parlamento rumano reconozca, mediante una declaración aprobada en sesión conjunta de las dos cámaras, al jefe de la Casa Real (quienquiera que sea).
El Parlamento ha de cumplir este requisito en un plazo máximo de diez días a partir de la entrada en vigor de la ley. Se trata, por tanto, de una forma de Estado (república) que debe reconocer y de alguna manera coexistir con una forma diferente (monarquía), cuando la Constitución prohíbe cualquier modificación, por pequeña que sea, de la cuestión.
El proyecto de ley está firmado por el primer ministro Vasile Dancu, del Partido Socialdemócrata (PSD) de Rumanía. La princesa Margarita, heredera del trono, se reunió recientemente con el jefe del PSD y con otros representantes del gobierno.
